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¿No debería intervenir la Justicia para analizar las consecuencias de esa promoción de inversiones por parte del gobierno? Los funcionarios, al menos, tendrían que cuidar sus comentarios sobre los ahorristas residentes en el país. Pero sobre todo asesorarse muy bien antes de usar expresiones como: «Si estuvieron dispuestos a colocar sus fondos a esas tasas de interés, ahora tienen que afrontar las consecuencias».
Al efectuar una propuesta con tal nivel de quita (75 por ciento), que la convierte en una confiscación, las autoridades están induciendo a que el país se llene de juicios. Quienes puedan esperar no dudarán en iniciarlos. El Poder Ejecutivo está haciendo responsables a todos los argentinos en caso de que esos juicios salgan en contra del Estado. ¿No deberían las autoridades, con la misma vehemencia que han mostrado en otras oportunidades, avisar del ocasional riesgo que estamos corriendo los argentinos por el eventual resultado negativo de los juicios? Los titulares de papeles de la deuda pública residentes en nuestro país tendrían que recibir el mismo trato que se les otorgó a quienes quedaron atrapados por el «corralón». En estos casos, las autoridades decidieron emitir un papel en dólares para compensar, con justicia, la diferencia entre $ 1,40 más CER (que se cobra en efectivo y al contado) y el tipo de cambio del momento de emisión de ese nuevo papel.
Recordemos, además, que con la emisión de ese papel se buscó evitar que los bancos privados sufrieran mayor cantidad de juicios. Los bonistas residentes en la Argentina deben recibir un tratamiento distinto de los acreedores externos, ya que gastan e invierten las rentas en nuestro país, beneficiando a la economía real. Quienes viven en el exterior benefician a la economía real de otros países. Algunos miran espantados que con el superávit primario se envíen fondos al exterior y se beneficie a la economía real de otros países. Esto no es así. Los bonistas residentes en la Argentina, reitero, gastan e invierten sus rentas en el país, beneficiando nuestra economía real. En consecuencia, debería diferenciarse de ese superávit el porcentaje correspondiente a bonistas locales.
La actitud del gobierno, dilatando el acercamiento entre las partes con propuestas fuera de lugar, está haciendo perder la oportunidad que se presenta hoy en el mercado internacional, donde el mundo financiero y productivo mira a los países emergentes para colocar sus fondos. Esta situación está llevando a que el riesgo-país de estas naciones se encuentre en niveles mínimos históricos. La Argentina mira cómo inversiones productivas no llegan, porque aún estamos afuera del mundo financiero.
Causa asombro cómo, con el pretexto de que «no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo», dejamos de recibir inversiones productivas que nos beneficiarían, creando fuentes de trabajo, devolviéndonos la dignidad, incrementando los ingresos fiscales, paliando la crisis social y facilitando el crecimiento del producto bruto... En consecuencia: volviendo más razonable el índice Deuda Pública/Producto Bruto Interno.
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