Brufau criticó duro la expropiación, dijo que recurrirá al CIADI y que exigirá al menos u$s 10.500 millones

Economía

Luego de que el Gobierno anunciara el proyecto para expropiar el 51% de YPF que pertenece al grupo español Repsol, el titular de la compañía ibérica, Antonio Brufau, acusó a la presidente Cristina de Kirchner para "tapar la crisis social y económica que está enfrentado" la Argentina.

La expropiación "sólo es una forma de tapar la crisis social y económica que está enfrentando Argentina", lanzó Brufau en rueda de prensa en Madrid.

"A través de levantar la bandera de la expropiación y buscar un responsable en YPF se oculta la realidad", agregó.

Afirmando que las autoridades argentinas entraron en las instalaciones de Repsol YPF "al amparo de una ley de Videla", Brufau aseguró que esta actuación "no es propia de un país moderno". "La gente de este país se merece otra cosa", agregó.

Acusando a la petrolera de no cumplir sus compromisos de inversión en el país en un momento en que no deja de crecer el déficit energético de Argentina, Cristina envió ayer al Congreso un proyecto de ley para declarar de utilidad pública un 51% de YPF.

En tanto, el presidente de Repsol anticipó que recurrirá al arbitraje internacional del CIADI y que exigirá "una compensación pronta, adecuada y efectiva incluyendo la compensación de daños por las acciones expropiadas". Según el ejecutivo español el valor conjunto de la empresa es de al menos u$s 18.000 millones, por lo que el 57,4% nacionalizado sería de al menos u$s 10.500 millones. Ayer, la valoración bursátil de la empresa era de u$s 7.630 millones.

Al respecto de la compensación que pueda llegar a recibir Repsol, en el Gobierno se mantiene una postura que sostiene que el precio debe surgir del valor libro, es decir el patrimonio de la empresa dividido su número de acciones. De este cálculo surgiría un valor de alrededor de $ 50 por acción. Así, según esa ecuación la valuación total no superaría los u$s 4.000 millones.

Brufau, también aseguró que el Gobierno realizó un "acto ilegítimo e injustificable" desde el punto de vista jurídico, al no lanzar una OPA por el 100% de la compañía.

"Este acto vino precedido de una campaña de hostigamiento, de coacciones interesadas, calculadamente realizadas para provocar el derrumbe de las acciones de YPF y facilitar la expropiación a precio de saldo. Estos actos no quedarán impunes", añadió el directivo español.

Brufau, quien expresó inicialmente su respeto a la sociedad y a las instituciones argentinas, señaló que la decisión "no está justificada por utilidad pública", al tiempo que rechazó las acusaciones del gobierno argentino de que la petrolera tiene una actitud "depredatoria" sobre los recursos del país.

"La decisión viola los más elementales principios de la igualdad de trato", puesto que "la medida sólo afecta a YPF, y dentro de ésta, a Repsol", dijo.

"Sólo busca tomar el control de la petrolera sin ninguna OPA (Oferta Pública de Adquisición) por el 100% de las acciones de YPF, un compromiso asumido por el gobierno argentino en su privatización", remarcó al recordar el proceso por medio del que Repsol asumió el control de la petrolera.

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