Burocracia: el negocio de controlar con descontrol

Los entes reguladores son un buen ejemplo de la burocracia inviable y peligrosa que hoy existe en el país. Implican un gasto de $ 124.051.884 a los argentinos cada año (si no se incluyen otros ingresos significativos como los percibidos a través de la aplicación de multas) y el soporte de 1.140 empleados que insumen 59,48% de ese presupuesto, recibido desde el gobierno y todos los usuarios de servicios públicos.

Disponen de 9 edificios valuados cada uno en $ 3.250.000 promedio -sin contar otros bienes muebles-y ocupan un total de 110 pisos de oficinas, repletos de computadoras, escritorios y papeles, ubicados la mayoría en el corazón de la City porteña.

Pero, inexplicablemente, nadie audita o controla sus balances contables. Tienen directorios inestables -algunos duraron 5 meses-y acumulan 30% de las quejas de los consumidores por ineficiencia en la respuesta de sus problemas. Además, en controles oficiales sobre el desempeño de los entes se detectaron innumerables fallas vertebrales, que abren, en muchos casos, la duda sobre posibles fraudes.

La mayoría se creó a principios de los '90, para garantizar el buen ejercicio de las empresas de servicios públicos y resolver los reclamos de los usuarios.

A pesar de tener todo para hacerlo (son imponentes desde su estructura presupuestaria, arquitectónica y de plantel), no logran gestiones impecables. Son instituciones monstruo sin cuentas debidamente controladas, difíciles de penetrar y demasiado diversificadas --seguramente, en un solo edificio y con un solo directorio funcionarían igual y hasta mejor-.

• Demora

Las críticas de los usuarios indican que una queja puede tardar hasta 8 meses en recibir la primera contestación -como en el caso de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)- y, en resolverse, más de 5 años. Otro ente cuestionado es la Comisión Nacional Regulación del Transporte (CNRT). En 1998, se iniciaron allí 38 expedientes referidos sólo a contaminantes de los vehículos de carga y pasajeros, y se resolvieron 3. En total, el organismo acumulaba en 2002 50 mil expedientes, «de gestiones anteriores», sin una conclusión final.

Se llega a un ente después de haberse quejado en la compañía privatizada o concesionaria. Si no se obtiene respuesta, se gira el reclamo hacia asociaciones de consumo o al ombudsman del pueblo como tercera instancia. Aunque muchos abandonan el trámite a mitad de camino, el porcentajede inconformidad es muy alto.

La Auditoría General de la Nación (AGN), encargada del control externo de los reguladores, indicó que, en cuanto a los reclamos, surgen del análisis histórico de los datos «la mala atención, la falta de respuesta a los requerimientos y un juego a dos puntas, ya que los entes no ejercen la función que les da razón de ser: la de defender los derechos de los usuarios y consumidores por sobre el de las concesionarias».

Habría 9 entes, dos de ellos, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que fueronestablecidos por ley; y los siete restantes, por decreto. Pero, existe indefinición sobre la cantidad total de organismos reguladores. Si se agudiza la búsqueda, aparecen otros muchos. Incluso, pueden encontrarse hasta «entes fantasma» con estructura para funcionar, pero sin nada que controlar, como el Ente Puente Buenos Aires-Colonia.

Algunos, como el Organismo Regional de Seguridad de Presas (ORSEP), creado en 1993, nunca recibieron control externo de sus estados contables, y peor, muchos funcionarios encargados del registro y funcionamiento de los entes ni siquiera tienen conocimiento de su existencia. El ORSEP, sin embargo, cuenta con su sede en Viedma, recibe por año $ 2.847.732, y sus 36 empleados consensuados en el presupuesto 2002 reciben 78,34% de ese presupuesto en concepto de gastos de remuneraciones.

• Preocupante

La Inspección General de Justicia no tiene los balances de los entes reguladores por tratarse de organismos autárquicos.

En las páginas Web de cada ente, sólo tienen habilitada la consulta del público el de la Actividad Regulatoria Nuclear (ARN) -informe de gestión 2002-, del Enargas (ejercicio 2001), del ENRE (memoria de estados contables, a 2001) y de la CNC (al 31 de diciembre de 1997). Para obtener las demás cuentas o las últimas de los que sí la publican, es más fácil indagar un site del Grupo Sophia o el presupuesto nacional.

«La falta de acceso del público a los balances es preocupante. En el caso del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), el Enargas y el ENRE, no se le informa al usuario sus derechos ni obligaciones», explicó una fuente de Defensoría del Pueblo de la Nación.

Sin embargo, según la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (24.156), los entes reguladores deben presentar balances anuales de gestión al cierre de cada ejercicio porque cada ejecución presupuestaria, estado contable o documento de gestión anual juega un rol importante en el armado del presupuesto nacional.

Esta misma ley indica que cada ente debe ser auditado internamente por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y externamente por la AGN.

Los informes de auditoría interna admiten, en muchos casos, que no logran evaluar un organismo «en sus aspectos sustantivos», por cuestiones de distinta índole. Por otra parte, la AGN, a la que le competen los controles de las gestiones anuales, sólo los realiza por partes y con años de retraso.

Un informe publicado el 4 de abril de 2002 indaga aspectos administrativos del Enargas durante el primer semestre de 1998, 4 años después. Encuentra, entre muchas observaciones importantes, que este organismo no distinguió en el período analizado entre « pagos totales» o «parciales», en facturas expedidas a sus proveedores -un error no menor, que da lugar a posibles fraudes-. Frente a esto, surgen dos preguntas: ¿en esos 4 años se facturó siempre sin discriminar cuándo se culminaba o no un pago a proveedor?; ¿nadie audita los balances?

Para expertos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño consultados, «una auditoría cuya fecha de dictamen o informe final excede en dos años a la fecha de cierre del período auditado tiene un valor absolutamente limitado».

Leandro Despouy, Francisco Fernández y Carlos Alasino, director, auditor y gerente de la AGN, respectivamente, explicaron que «el control ex post se está tratando de acortar. Estamos haciendo ahora auditorías de 2002 y, en lugar de ser por partes, tratamos de realizarlas en forma global».

Según la Ley 24.156, en su artículo 118, la AGN tiene que «examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de la administración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio». Esto es, también, auditar balances que luego deben enviarse a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

El problema es que en esta comisión sólo se encuentran los balances auditados del Enargas (1994), ENRE (1996), CNC (1998) y ETOSS (1999). «Los entes, así como ocurre con los privados, deberían presentar balances auditados. Esas auditorías tendrían que pasar por esta comisión», dijo una fuente consultada del organismo que agregó: «Un balance público que no tiene auditoría y no está listo sí o sí tiene que estar auditado por la AGN. Le falta un requisito fundamental para que esté completo, y la autoridad no debería aprobarlos sin la firma del auditor externo».

Alasino, de la AGN, indicó: «Los entes no tienen obligación de auditar, y nosotros tenemos la facultad para hacerlo no la obligación» y agregó que «el problema principal es la poca duración de los directivos que conforman los entes creados por decreto. Hay directorios que en promedio duraron 5 meses».

•Exámenes

Según Despouy, «se necesitaría un staff enorme para controlar toda la gestión anual de cada organismo al cierre de todos los ejercicios. Examinamos cómo el ente se desempeña en los aspectos fundamentales de sus funciones, como ser, si las tarifas de los servicios públicos corresponden a coeficientes de inversión que realizaron las empresas, si se controlaron las inversiones de las concesionarias, si las quejas de los usuarios fueron atendidas».

Lo cierto es que, al cierre de cada ejercicio, se destina una partida millonaria del presupuesto nacional, a los entes reguladores sobre la base de balances de gestión anual que no tienen un sello de auditoría que los valide.

El estado contable más actualizado que tiene la Comisión Revisora de Cuentas es del ETOSS, porque de acuerdo con declaraciones de Alasino, «existe un acuerdo entre ese ente y la AGN». Esto significa que el ETOSS paga al auditor externo una tarea que debería hacer porque figura entre sus funciones, y con esto, pierde la propiedad más importante del control de cuentas: ser independiente.