Buscan legalizar subas de tarifas

Por un decreto, el gobierno prorrogó otros 120 días el plazo para que el Ministerio de Economía eleve una propuesta de renegociación para 57 contratos de servicios públicos. El plazo original había vencido a mediados de agosto. La novedad es que la norma admite que las propuestas e elevar pueden ser «enmiendas de contratos de carácter transitorio».

En apariencia, tras esa alternativa, que en realidad no está planteada en la Ley de Emergencia Pública, ya que esta norma sólo se refiere a la renegociación de los contratos, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, buscaría proteger los aumentos de tarifas de «urgencia», y eludir la intervención del Parlamento o la reacción adversa de la Justicia.

El ministro aseguró ayer que «la intención del gobierno» es que el aumento de tarifas se produzca este año. «Una cosa es la renegociación de los contratos, que es un proceso a largo tiempo, y otro es este ajuste de tarifas que es de emergencia», dijo Lavagna.

• Plazos

El funcionario estimó que de «8 a 10 días después de las audiencias públicas» el gobierno decidirá los aumentos.

La noticia de la prórroga por 120 días de la renegociación de contratos, no mejoró los ánimos en las privatizadas. «Por ahora, sólo hubo un único contacto con la comisión renegociadora y fue en abril, cuando nos pidieron una presentación con el impacto de la devaluación, desde entonces no hubo contactos», dijeron en una empresa.

Y añadieron: «Nada garantiza que ocurrirá algo en el nuevo plazo, sólo se cumplió una formalidad, porque no hay interés de avanzar en el tema».

Con todo, otro decreto conocido ayer, el 1.834, calmó un poco el mal humor empresarial. La norma establece que cuando una privatizada entre en concurso de acreedores o se le pida la quiebra, el Poder Ejecutivo no utilizará la cláusula contractual que permite rescindir el contrato ante esas circunstancias.

El decreto no incluye a aeropuertos y al Correo Argentino, aunque éste está en concurso desde el año pasado, y desde algunos organismos de control del Estado se recomendó aplicar la cláusula que permite rescindir el contrato.

Pero aportaría tranquilidad a otras empresas (se menciona a algunas concesionarias de trenes), que podrían declararse en convocatoria sin perder la concesión.

Según el decreto, el Estado nacional se reserva el derecho «para declarar la extinción del contrato por otras causales distintas de la sola presentación en concurso preventivo o solicitud de quiebra de las concesionarias».

La norma también indica que el Poder Ejecutivo comunicará al juez competente «la caducidad o suspensión de la concesión en el plazo de 30 días a partir de la fecha del acto administrativo».

El malestar empresarial también se atenuó ayer, luego de conocerse que las audiencias públicas de electricidad y gas se realizarán en el edificio del Correo. Se estima que en ese recinto entran unas 250 personas sentadas, lo que mejora las condiciones de seguridad con respecto a las alternativas anteriores (Parque Norte y Costa Salguero), y crearía condiciones para un debate más ordenado.