La puja entre los frigoríficos bonaerenses y el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, se intensificó.
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Los empresarios de la carne tuvieron un fuerte revés en la Justicia y salieron a acusar al gobierno provincial de ejercer una «especie de persecución», luego de que Rentas se incautara de una cuarentena de camiones. Entonces, los frigoríficos volvieron a amenazar con desabastecer la provincia.
El juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Federico Arias desechó el pedido de inconstitucionalidad del cobro del Código de Operaciones de Traslado, con lo cual ratificó los operativos de Montoya, pero avaló la cautelar solicitada por los frigoríficos prohibiendo a la Subsecretaría de Ingresos Públicos bonaerensedecomisar la mercadería de los camiones que no cumplan ese requisito, por considerar «irrazonable» y desproporcionado el castigo con objeto de la multa.
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria del Comercio de la Carne (CICCRA), Miguel Schiariti, criticó la ofensiva de controles en las rutas bonaerenses que puede incluir el decomiso de mercaderías, y advirtió que se quiere hacer cumplir una normativa «ilegítima» sobre el pago de Ingresos Brutos. Es que, según la interpretación de los industriales de la carne, el último pacto fiscal firmado entre la Nación y las provincias exceptuó a la producción primaria del pago de Ingresos Brutos.
En tanto, el juez Arias ordenó «a la Dirección Provincial de Rentas que se abstenga, en el marco de la Disposición Normativa 32/06, de aplicar la medida de decomiso sobre los bienes transportados por las empresas».
«Hay una amenaza concreta de decomiso de mercadería por no cumplir con una normativa provincial, que excede a la normativa nacional. Estamos muy preocupados por la posibilidad de decomiso y por eso advertimos que, de producirse, seguimos analizando la paralización de la distribución en la provincia, para defender el patrimonio de las empresas», dijo Schiariti.
En el caso de la declaración de inconstitucionalidad presentada por los frigoríficos atendiendo una supuesta discriminación en la aplicación del COT, el gobierno de Buenos Aires logró el aval de la Justicia.
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