El parlamento catalán aprobó exigirle a España la autonomía fiscal.
El parlamento regional de la comuna con mayor PBI aprobó reclamarle al Gobierno nacional una capacidad de recaudación propia. Desea que su Agencia Tributaria regional sea la única responsable del cobro de impuestos.
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El modelo es similar al que rige el País Vasco y supone que la Hacienda pública española no recaude en la región.
La votación se produjo un día después de que el Gobierno regional revelase que se acogerá al fondo de liquidez autónomo creado por el Ejecutivo nacional para ayudar a las comunidades con problemas para conseguir financiación en los mercados y considerado, de hecho, como un rescate.
El cambio de modelo reivindica que la Agencia Tributaria catalana sea la única administración responsable de la gestión de todos los tributos en esa región. Con la propuesta aprobada, el Gobierno catalán comenzará negociaciones en los próximos meses con los funcionarios de Mariano Rajoy.
Cataluña es la cuarta autonomía en términos de PBI por habitante, después del País Vasco, Navarra y Madrid, según cifras de 2011 del Instituto Nacional de Estadística.
Entre las novedades del modelo que se pretende introducir está que la aportación catalana al Estado español para pagar los servicios que presta en Cataluña y para contribuir a la solidaridad interterritorial será acordada de manera bilateral y revisada cada cinco años.
La comunidad adelantó, además, que piensa adherirse al fondo de liquidez, lo que la convierte en la tercera, luego de Valencia y Murcia.
El Gobierno español creó el pasado 13 de julio este fondo, dotado de 18.000 millones de euros, y que es un mecanismo de carácter temporal y voluntario al que pueden acogerse aquellas autonomías que requieran de liquidez o bien de cantidades adicionales para financiar su endeudamiento.
La adhesión al fondo es voluntaria por parte de las comunidades autónomas, pero conlleva la asunción de condiciones presupuestarias y financieras para las que se sumen, que deberán presentar planes de ajuste y estarán obligadas a dar información puntual sobre su situación. Cataluña cuenta con una deuda estimada para 2012 de 13.477 millones de euros.
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