Cavallo era un aprendiz en acumular poder económico

Todo indica que el gobierno de Néstor Kirchner será el primero en la historia argentina en conseguir que le delegue el Congreso máximos poderes impositivos. Aunque se disfrace con el nombre de «cargos especiales», los diputados se aprestan hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a crear un sistema de pago para financiar obras de transporte de energía eléctrica y gas -podría decirse, una nueva categoría impositiva-, que pondrá íntegramente en manos del Poder Ejecutivo para disponer sobre quiénes se aplica, en qué porcentaje, hasta cuándo y para qué se utilizará. Sólo algo es claro: sea como cargo o como impuesto, aparecerá en las facturas de empresas y comercios encareciendo, de hecho, el costo de la tarifa eléctrica o de gas. Para asegurarse de que se firme el dictamen y no haya problemas, Daniel Cameron, secretario de Energía, estará presente.

Es un principio básico de cualquier sistema republicano que el poder central esté limitado en la creación y la aplicación de tributos. Sólo el poder del pueblo, delegado en el Parlamento, puede hacerlo, y se exige que éste también fije porcentajes, exenciones e inclusiones. Inglaterra creó el parlamentarismo justamente para limitar el poder del monarca para imponer cargas. En la Argentina, entonces, se está a punto de hacer historia.

Este sistema de financiamiento de obras públicas es la consecuencia del Decreto 180/2004 que firmó el Presidente para disponer la creación, entre otras cosas, del sistema de fondos fiduciarios que llevará adelante la construcción de las obras programadas por el ministro Julio De Vido para paliar la crisis energética. Así, para autorizar la creación del cargo al público, se envió un proyecto de ley al Congreso.

«La República Argentina requiere urgentes inversiones en este rubro...; ello exige una inmediata y eficaz respuesta por parte del gobierno nacional», dice el mensaje enviado al Congreso. Y es cierto que el gobierno tuvo respuesta. Durante la gestión de Eduardo Duhalde, se firmaron dos decretos que disponían aumentos tarifarios que fueron bloqueados por la Justicia. Frente a la crisis y el retraso tarifario, las empresas congelaron las obras necesarias para afrontar la mayor demanda. Kirchner se paró frente al problema, el Grupo de los Siete y el Fondo Monetario; negó cualquier posibilidad de incremento en los costos de servicios: «Que hagan las inversiones necesarias y después hablamos», decía el Presidente.

Fin de la historia: todas las renegociaciones que el gobierno enfrentó con compañías de servicios concesionados se están cerrando con aumentos de tarifas o manteniendo los valores de éstas en dólares pero no hubo inversión grande, con el agravante de que el congelamiento descapitalizó a las empresas y restó nivel de equipos y exploraciones al país. Lo inevitable de cualquier lógica de mercado. Sucedió con Edelap ( distribuidora de electricidad de La Plata) -donde el duhaldismo tuvo que resignarse a pagar el costo de votar en el Congreso nacional una suba de tarifas en territorio que se disputa con Felipe Solá-, autopistas, puertos y ahora, como adelantó Ambito Financiero, se dispone a hacerlo con Edesur.

Pero los aumentos no alcanzan para financiar obras, como la ampliación del gasoducto General San Martín que acaba de inaugurar Transportadora de Gas del Sur en la Patagonia y que, de acuerdo con la política del gobierno en materia de financiamiento estatal de la infraestructura, ahora hay que pagar. O mejor dicho,ahora los usuarios deben pagarla.

Por eso, a los aumentos en el precio de la electricidad, los empresarios deberán sumarles en poco tiempo este «cargo específico» para financiar obras, no sólo ésa sino todas las que se consideren necesarias en el futuro, a través del sistema de fondos fiduciarios, que podrán ver claramente identificado en sus facturas de luz y gas.

• La ley le permitirá, entonces, al gobierno decidir qué obras se deben financiar con este sistema y qué usuarios deberán pagarlas. Ese nuevo impuesto, que técnicamente se llamará «aporte a los fondos de los fideicomisos», no caería en principio sobre pequeños consumidores, sino sobre empresas y comercios mayores, el mismo sector que debe pagar el aumento de tarifas energéticas, cuando fueron excluidos los usuarios, agravando el costo de las empresas, lo que significa, ya se dijo, su descapitalización y retraso tecnológico del país.

• El Ejecutivo puede decidir hasta cuánto se debe pagar por el nuevo cargo o carga impositiva, qué obras son de suficiente importancia e incluso está facultado a aplicarlo en el futuro sobre consumos de viviendas particulares. Es decir, el Congreso crea la categoría de estos nuevos impuestos y el gobierno decide el resto; ni siquiera se hace en la ley una mínima mención a cuál será la alícuota por aplicar, salvo que ésta no estará exenta del IVA, pero sí del resto. Por ejemplo, se podría dar el caso de que un mismo consumidor financie con su cuota distintas obras con diferentes cargos.

• Una facultad de ese tipo ni siguiera se le otorgó al Domingo Cavallo de Carlos Menem cuando pidió manejar alícuotas sin control y terminó solo con poderes para reducir el IVA en 50% o los Impuestos Internos. Ni cuando el mismo ministro en el gobierno de Fernando de la Rúa le exigió al Congreso los superpoderes y el manejo por decreto de un tributo de emergencia, que tristemente pasó a la posteridad como el « impuesto al cheque». El peronismo de entonces, en una jugada con Elisa Carrió y radicales disidentes, le abortaron la maniobra y, a pesar de la crisis, votaron un impuesto sobre el débito y el crédito bancarios con tasa específica y delegando la posibilidad de incrementarlo hasta un límite fijo establecido. Ahora, los empresarios sólo sabrán cuánto costará la cuota para financiar gasoductos y redes de alta tensión cuando dos ministros del área firmen una resolución que, por otra parte, podrán modificar sin aviso previo.