La Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados no pudo aprobar ayer el proyecto que otorga al gobierno la posibilidad de fijar una carga impositiva para financiar obra pública. Pero lo hará igualmente hoy. Hubo, cuanto menos, fuerte preocupación en todos los sectores involucrados por la iniciativa que, tras una veloz aprobación del Congreso, estaría en vigencia en julio. Es que aumentará tarifas, básicamente de luz y gas, para financiar obras de infraestructura en esos sectores. Y la concesión del Congreso deja manos libres al gobierno para seleccionar todo, desde alícuotas hasta sectores por alcanzar con la nueva «categoría impositiva». Hasta el propio secretario de Energía, Daniel Cameron, confesó ayer que habrá subas de tarifas al ser convocado por los diputados. Como ocurrió con el reciente aumento del salario mínimo, el gobierno pasa a las empresas todos los costos posibles, y no hay atisbos de que, con ahorro público, financie las de por sí necesarias obras de infraestructura. Lejos se está así de alentar inversiones genuinas que permitan extender el crecimiento de la economía.
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Según la iniciativa, esta nueva carga impositiva es para impulsar la obra pública en los sectores de electricidad y gas para paliar la crisis energética, vía obras de infraestructura. Serían financiados con los fondos fiduciarios que a su vez obtendrían dinero del nuevo impuesto. Como contrapartida se genera una nueva carga tributaria en las empresas y con ello un incremento en las tarifas.
Otro cuestionamiento al proyecto que en definitiva deberá resolver la Justicia es el poder discrecional que se le da al Ejecutivo para determinarcuáles serán los contribuyentes que tendrán que pagar el impuesto y en qué momento. El gobierno podrá decidir el tipo de empresas, el sector, su ubicación geográfica, tamaño y monto de facturación; lo cual implica un poder discrecional del que no gozaron nunca otros presidentes en la materia.
