El gobierno de Venezuela finalmente expropiará la unidad en el país de la mexicana Cemex tras no haber alcanzado un convenio dentro del plan de nacionalización de empresas cementeras, aunque sí logró firmar acuerdos ayer con la francesa Lafarge y la suiza Holcim.
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Se esperaba que el régimen bolivariano aprovechara la ocasión para anunciar también un acuerdo con Techint por la siderúrgica Sidor, pero hasta anoche los ejecutivos del grupo que comanda Paolo Rocca seguían aguardando noticias desde Caracas respecto de un posible acuerdo. Sidor era del grupo argentino, pero fue confiscada por orden de Hugo Chávez.
El gobierno informó que pactó pagar unos u$s 267 millones por 89% de la unidad local de Lafarge -la mayor cementera del mundo- y u$s 552 millones por 85% de Holcim. La medida forma parte de la ola de estatizaciones lanzada por el presidente Hugo Chávez sobre sectores estratégicos de la economía, que incluye petroleras, telecomunicaciones, eléctricas, siderurgia y bancos, y por la cual se estatizó Sidor, la acería controlada por el grupo Techint.
«En la negociación con Cemex fue imposible llegar a un acuerdo con ellos. El siguiente paso ya con esta empresa es el de la expropiación, como está establecido en la ley», dijo el vicepresidente venezolano, Ramón Carrizalez. La cementera mexicana, cuya unidad venezolana es la mayor productora y exportadora de cemento en ese país con tres plantas y una capacidad de 4,6 millones de toneladas anuales, exigía u$s1.300 millones por sus activos en Venezuela, lo que, según el funcionario, «estaba muy por encima de su valor real».
En un decreto publicado ayer en la Gaceta Oficial, el régimen bolivariano nombró las comisiones de transición para tomar el control de las tres empresas, pero no aportó detalles sobre los plazos para culminar el proceso o las negociaciones por la compensación.
En abril pasado, Chávez había ordenado estatizar las unidades de las empresas tras acusarlas de vender el cemento en el exterior y no favorecer al mercado local. Las tres tienen el liderazgo mundial entre las cementeras, con Lafarge en primer lugar, seguida por Holcim y luego por Cemex.
El 19 de junio, el gobierno había publicado los términos del proceso fijando un plazo de 60 días para que las empresas decidieran si permanecerían como accionistas minoritarias, mientras el Estado asumiría al menos 60%. Además, especificaba que se nombraría en los siete días siguientes las comisiones de transacción. Sin embargo, según una fuente de Cemex, desde esa fecha nunca se conformó la comisión y hubo conversaciones «pobres y escasas». Ese decreto también establecía que el proceso de transferencia debe culminar el 31 de diciembre de 2008.
Con una producción conjunta de 8,3 millones de toneladas anuales de cemento, en torno a 90% de la capacidad instalada en Venezuela, las tres compañías registraron fuertes ganancias impulsadas por obras estatales de infraestructura y construcciones comerciales privadas.
Para los analistas del mercado, el valor total de los activos rondaría los u$s 1.700 millones, utilizando el estándar de la industria de u$s 200 por tonelada de producción anual.
El domingo pasado, Chávez anticipó que al vencerse a la medianoche de ayer el plazo fijado por ley, «vamos a proceder a nacionalizar y recuperar las industrias del cemento para lanzar con fuerza el plan de viviendas».
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