El Gobierno puso en marcha un par de programas de reducción de impuestos que apuntan a mejorar la situación de las pequeñas empresas.
Ambos programas pueden tener un mayor o menor efecto benéfico para las empresas en función de su tamaño y facturación.
El Gobierno nacional oficializó el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), un esquema de incentivos fiscales destinado a fortalecer a las MiPyMEs, fomentar el empleo y mejorar la competitividad ante la reforma laboral. Diseñado para inversiones que no califican para el RIGI (grandes inversiones), el RIMI ofrece beneficios significativos en maquinaria e infraestructura.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Del mismo modo, a partir de mayo, puso en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta clave dentro de la reforma laboral (Ley 27.802) que busca abaratar la contratación en blanco y reducir la informalidad.
En rigor, ambos programas pueden tener un mayor o menor efecto benéfico para las empresas en función de su tamaño y facturación.
El régimen contempla montos mínimos según el tamaño de la empresa, abarcando desde microempresas (u$s150.000) hasta medianas tramo 2 (hasta u$s9.000.000).
El estudio contable PMP elaboró un supuesto para una MiPyME que invierte u$s150.000. El escenario no proyecta aumento de ventas ocasionado por la inversión, bajo una hipótesis conservadora. Se trata de una microempresa de servicios, en el tope de facturación ($370 millones). La compañía posee un margen del 20% sobre ventas.
El análisis fue realizado a valores actuales, sin contemplar inflación ni variaciones en el tipo de cambio. La inversión es la mínima para el tipo de empresa y se realiza durante el primer mes de un ejercicio fiscal. Se adquiere una maquinaria que amortizaría en 10 años. La alícuota de Ganancias de la empresa es del 35%.
Para ese caso, la mayor parte de la ganancia es de tipo financiero. En el caso del Impuesto a las Ganancias, la amortización por pérdida de valor del bien de uso, prevista originalmente para 10 años, se traslada a los dos primeros años. Sin RIMI, la empresa podría tomar solo u$s5.250 por año durante una década. Con el programa, puede computar una pérdida de u$s26.250 en el primer y segundo año.
En el caso del IVA, el resultado es aún más interesante. El estudio contable detalla que “se obtendría una devolución del 78% del IVA abonado al invertir al cuarto mes de realizada la misma”. “Al igual que en Ganancias, el efecto será financiero y de mejoramiento del flujo”, señala el informe.
Incluso, bajo el supuesto de que la empresa tuviera una crisis con caída total de ventas, podría obtener una devolución del 100%.
Marcelo Brandariz, Socio Líder de Servicios Legales de PwC Argentina, explicó que “sin dudas es una herramienta que debiera redundar en beneficios para los sectores de trabajadores que procura promover, generando oportunidades más competitivas de acceso al mercado laboral y, por su parte, otorga a los empleadores un canal que genera una importante reducción en los costos laborales, por lo que debieran atender a las posibilidades dentro de cada organización para su adopción”.
Pablo Loyola, vicepresidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, sostuvo que “el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral puede ser una herramienta positiva para empresas familiares que estén en etapa de crecimiento y necesiten incorporar personal, ya que reduce el costo laboral durante varios años”.
“Sin embargo, el contexto actual muestra una realidad distinta: muchas PyMEs hoy no están pensando en expandir estructura, sino en sostener su actividad frente a la retracción del consumo y la caída de ventas. Por eso, probablemente el mayor impacto del régimen se vea en empresas que ya tenían previsto crecer o sumar gente”, señaló Loyola.