CNC no frena proceso de sanción al Correo

Fuentes de la Comisión Nacional de Comunicaciones indicaron ayer que la presentación de recursos de reconsideración por parte del Correo Argentino no implican la suspensión de las intimaciones cursadas en las dos últimas semanas. Esto significa que, si el Correo no cumple en las próximas horas la intimación a certificar que cesará el abandono de 114 inmuebles pertenecientes al Estado nacional y afectados a la prestación, se iniciará lo que denomina «proceso sancionatorio» con imputación.

Según la CNC, tampoco tiene efecto suspensivo el recurso presentado contra la resolución del organismo que obliga al Correo a dar marcha atrás con aumentos no autorizados en tarifas de servicios aéreos internacionales. Esta intimación debe cumplirse antes del próximo lunes.

• Plazo

En ambas situaciones, si el concesionario no cumple, empezará el proceso sancionatorio con imputación a la empresa. El plazo de ese proceso depende de la decisión de llevarlo a cabo, pero la CNC podría resolverlo en unos cinco o siete días, porque previamente debe auditar el incumplimiento.

Si presuntamente luego se formula la imputación, el Correo tiene diez días hábiles para efectuar el descargo, tras lo cual recién se toma la decisión de multar o no.

Esto significa que, si como se dice, el gobierno está decidido a demostrar que obligará a cumplir las obligaciones del contrato al Correo, como a las demás privatizadas, recién a principios de julio estaría aplicando eventualmente multas a la empresa.

Fuentes oficiales ratificaron ayer que no se estudia la rescisión del contrato del Correo, pero que se lo revisará «minuciosamente», al igual que todos los demás, y que mientras tanto, se obligará a cumplir lo firmado.

Ayer, tres legisladores nacionales solicitaron a la Justicia que dicte la caída de la concesión del Correo, «por vaciamiento del patrimonio mueble e inmueble, incumplimiento del plan de inversiones y del pago del canon, y acumulación de deudas impositivas y previsionales».

La presentación efectuada por los senadores Marta Raso (UCR/Chubut) y Gerardo Morales (Frente Cívico Jujeño), y el diputado José Vitar (ARI/Tucumán) fue hecha ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Se solicitó una «acción de defensa del consumidor», que incluye también al Estado Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones.