Era 1983, hacía un año que Felipe González había llegado al gobierno y todos los españoles sentían que se avecinaba un boom económico. Pero, paralelamente, el gobierno socialista se complicaba con un gasto imposible de bajar, con metas de recaudación imposibles de cumplir y con tasas de interés que trepaban a 15%.
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Josep Borrell, entonces un allegado al ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer, pergeñó un mecanismo para lograr el regreso masivo de dinero negro que se había fugado al exterior, estimado en unos 10.000 millones de dólares.
La idea era simple: se permitía la compra anónima (sin facilitar datos personales del inversor ni el origen del dinero utilizado) de títulos de deuda pública, a una variedad de plazos y tasas. Pero éstas resultaban sensiblemente más bajas que las que pagaban los títulos privados, ya que el Estado no retenía impuestos a quienes compraran sus papeles.
Esto representó un formidable incentivo para que el dinero negro regresara masivamente a España y permitió al Estado, además de ampliar la base tributaria y la liquidez del mercado, financiarse a bajo costo.
La oposición política puso el grito en el cielo, argumentando que la medida premiaba a los evasores y castigaba a los contribuyentes responsables. Mientras, el gobierno se dividió dramáticamente en torno de la cuestión, tanto que el entonces secretario de Estado de Economía y Hacienda, José Sevilla, protestó por la «discriminatoria y privilegiada exención fiscal a los pagarés del Tesoro». Boyer tomó partido, relevó a Sevilla, lo reemplazó por Borrell y disciplinó a la mayoría legislativa del Partido Socialista Obrero Español. La idea de Borrell se transformó en ley.
Esa brusca ampliación del capital «blanqueado» y de la incorporación de nuevos contribuyentes fue el principio del ordenamiento fiscal, racionalizando un sistema impositivo hasta entonces caótico, plagado de gravámenes superpuestos y fácilmente evadibles.
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