Por Pablo Challú, economista, presidente del Consejo de Empresarios Nacional.-
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Desde el principio, las políticas anunciadas y las medidas puestas en práctica por el Gobierno de Cambiemos generaron una fuerte contradicción en sus políticas macroeconómicas. La política de ingresos regresiva, la política monetaria restrictiva basada en altas tasas de interés; la libertad irrestricta de precios; la eliminación de las retenciones y otros impuestos que gravaban a sectores de altos ingresos, unida a una fuerte depreciación del peso conjuntamente con una amplísima apertura financiera y comercial, crearon un cóctel recesivo que trató de ser compensado por un fuerte aumento en las inversiones públicas y, en consecuencia, en el déficit fiscal, ya afectado por la disminución de la carga impositiva a los sectores más concentrados y la disminución de la actividad.
A nadie medianamente interesado en la economía pudo habérsele escapado que esta combinación de políticas era insostenible y llevaba un curso de colisión, tal como veníamos sosteniendo desde mediados del 2016. La esperada "lluvia de inversiones" no se produjo porque nadie invierte con tamañas inconsistencias o con mercados tan enflaquecidos, mientras que lo que sí se produjo fue un prolongado lapso de apreciación del peso y de fuertes déficits en la balanza comercial agravándose así el ya importante déficit de cuenta corriente.
Mientras tanto el BCRA acumulaba Lebacs y otros instrumentos financieros en un monto superior a la Base Monetaria lo que comprometía severamente su capacidad de hacer política monetaria. Entramos así en la dinámica de los déficits paralelos con un BCRA prácticamente encadenado a sostener su propio déficit (el denominado déficit cuasi fiscal). El cambio en las condiciones financieras y comerciales internacionales que se manifestó este año actuó como disparador de la crisis interna.
Enfrentado a la misma el Gobierno recurrió al FMI, pero, en lugar de aceptar el fracaso de sus políticas, las reiteró, pensando, quizás, que la abultada ayuda conseguida y el fuerte compromiso asumido por esta institución, serían suficiente para superar la crisis. Sin embargo, la combinación de políticas equivocadas por parte del Gobierno, insistiendo en el "rumbo", y las medidas propuestas por el FMI terminaron agravándola.
Tomar la crisis cambiaria como si fuera el problema de la economía y no simplemente su exteriorización y, aún más, pensar que su solución le incumbía a la mesa de dinero del BCRA, unido a una débil respuesta respecto al problema del déficit cuasi fiscal y el combo recesivo generado, impulsaron a una nueva crisis aún más profunda que la anterior.
El Gobierno argumentó que la crisis se produjo por el cambio en la situación financiera internacional como si ésta hubiera sido súbita e impredecible cuando, en realidad, era de público conocimiento que habría de ocurrir: había sido anunciada por la propia Fed y por el nuevo presidente de los EE UU Donald Trump.
Por lo tanto, las políticas de apertura comercial y financiera que se siguieron no eran en absoluto recomendables. Una cuestión similar puede establecerse respecto al otro argumento de descarga de responsabilidades por parte del Gobierno: la sequía. Sabiendo que la producción agropecuaria depende del clima no era de ninguna manera aconsejable instrumentar políticas que hicieran depender a la economía exclusivamente de la misma. Así que el Gobierno no puede escapar a sus responsabilidades en la generación de la crisis.
Y, ahora, estamos ante un nuevo experimento: el nuevo acuerdo con el FMI que trae nuevas inconsistencias y cuantiosas dudas. La primera, si los fondos alcanzan para afrontar los pagos de la deuda externa: en principio ello ocurriría en el caso que la formación neta de activos externas se redujera sustancialmente, cuestión que aparece bastante improbable. Luego, la política monetaria al adoptar el control de agregados monetarios como objetivo y fijarse un crecimiento nulo de la Base Monetaria aparece, por un lado, de muy difícil cumplimiento y, por otro, con un componente recesivo francamente explosivo.
Teniendo en cuenta que, a partir de ahora y por un año, la inflación acumularía un crecimiento, siendo optimistas, del 30% esto implicaría que la Base Monetaria se reduciría, en términos reales, en esa misma proporción, algo directamente insoportable para la economía real ya afectada por la acumulación de fuerzas recesivas que hemos descripto.
Pero, además, teniendo en cuenta que el instrumento principal de absorción monetaria está constituido por las operaciones de mercado abierto, entonces el aumento del déficit fiscal continuaría afectando la capacidad del Banco Central de controlar los agregados monetarios. En particular debe tenerse en cuenta que el pago de intereses que el mismo genera podría representar entre un 3% y un 3,5% de aumento mensual de la Base Monetaria, lo que obligaría a un aumento sustancial del stock para cumplir con el postulado de crecimiento cero de la Base.
Por último, también existen serias dudas respecto a que si el dólar supera el extremo superior de la banda de flotación serían suficientes u$s 150 millones para contener la formación neta de activos externos.
Está claro que el pato de la boda continúa siendo el sector privado, generándose una última y muy fuerte contradicción: las medidas lo ajustan fuertemente (altísimas tasas de interés, fuerte disminución del crédito, caída vertical de la demanda) con lo que cabe la pregunta: ¿cómo se sostendrá el sector público ante una crisis de tal profundidad en la producción, los ingresos y el empleo?
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