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Los precios para los particulares y transportistas se mantendrán como hasta ahora. Pero los contratos serán sólo de operación y mantenimiento, y las obras quedarán a cargo del Estado.
Sin embargo, a tres semanas de la presentación de la oferta económica, el gobierno no terminó el estudio sobre el estado de las rutas que se licitan. Ya está concluido el análisis en el nivel de superficie, habiéndose determinado que en algunos casos los corredores tienen un nivel equivalente a 7,5 puntos, tal como preveía el pliego de la licitación de 1990, mientras en otros casos, los caminos están por debajo de ese nivel.
Ahora falta el análisis de la estructura, porque debajo de una superficie en buen estado, podría haber cimientos en colapso. Para este examen, el gobierno alquiló tres deflactores de alto impacto. Recién cuando esté terminado este estudio, los datos se enviarán a la unidad de renegociación de los contratos, para «el cierre» de cada concesión.
De esa negociación, en la cual los privados anotarán sus reclamos al Estado por presuntas compensaciones impagas, surgirá si alguna de las compañías adeuda dinero. Si hay acuerdo sobre cómo pagar esa deuda, y si hay renuncia a los reclamos posteriores al Estado, las empresas que precalificaron podrán intervenir en la ronda del 17 de octubre. De lo contrario, el gobierno no les permitirá concursar, según el pliego.
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