Industria minera celebra la reforma de la ley de Glaciares: "Remueve ambigüedades que generaban incertidumbre"

Diputados aprobó la adecuación de la ley de Glaciares con el impulso del Gobierno y el respaldo clave de las provincias. Mientras el sector minero celebra la medida, ambientalistas anticipan una avanzada judicial.

Ley de Glaciares. El oficialismo logró avanzar con una reforma estratégica para la minería, pero el debate se traslada ahora a los tribunales.

La Cámara de Diputados dio media sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares, en una votación que expuso con claridad el peso político de las provincias mineras y el respaldo de sectores productivos. El proyecto fue aprobado con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, con apoyos provenientes del PRO, la UCR y bloques provinciales de San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones.

El resultado marca un nuevo triunfo legislativo del Gobierno en un tema sensible, pero también anticipa una nueva etapa de conflicto: la judicialización de la norma, impulsada por sectores opositores y organizaciones ambientalistas.

El respaldo del sector minero: “Una señal positiva”

Desde la industria, la reacción fue inmediata y contundente. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) celebró la aprobación y la calificó como “una decisión de gran relevancia institucional, productiva y ambiental para la Argentina”.

Para la entidad, la modificación representa “un avance para incrementar la previsibilidad normativa, indispensable para el desarrollo de una industria estratégica”, capaz de generar empleo, atraer inversiones y dinamizar economías regionales.

Uno de los puntos más valorados por el sector es la mayor precisión en la normativa. Según CAEM, la actualización permite “establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial”, lo que contribuiría a despejar incertidumbres históricas sin resignar estándares ambientales.

En ese sentido, remarcaron que “la minería responsable requiere reglas claras y control efectivo, y esta modificación avanza en esa dirección”, al tiempo que ratificaron su compromiso con la protección del agua y el ambiente.

San Juan y el rol del federalismo

Desde las provincias, uno de los pronunciamientos más relevantes llegó de la Cámara Minera de San Juan, que puso el foco en la necesidad de reglas claras para proyectos de largo plazo.

La entidad presidida por José Morea (Vicuña Corp.) destacó que la reforma permitió “avanzar en la remoción de ambigüedades que generaban incertidumbre en su aplicación”, y subrayó el papel del gobierno provincial en la articulación con Nación.

Además, interpretaron el proceso como un caso concreto de “federalismo concertado”, en línea con la Constitución, donde Nación y provincias trabajan en conjunto para definir políticas sobre recursos naturales.

En esa línea, remarcaron que “contar con reglas que definan los criterios de protección ambiental y los procesos de evaluación contribuye a generar las condiciones adecuadas para la inversión y el desarrollo”, al tiempo que defendieron el fortalecimiento del rol provincial en la gestión de los recursos.

Desarrollo vs. ambiente: el eje del debate

Más allá del respaldo político y empresarial, la discusión de fondo sigue girando en torno al equilibrio entre desarrollo y protección ambiental.

Para el sector minero, la reforma permite compatibilizar ambos objetivos, habilitando inversiones bajo estándares técnicos y controles ambientales. “La consolidación de reglas claras es clave para promover un desarrollo responsable, que combine la protección del ambiente con la generación de oportunidades”, señalaron desde San Juan.

En la misma línea, desde CAEM destacaron que la iniciativa refleja “una mirada estratégica compartida sobre la necesidad de poner en valor los recursos”, en un contexto donde la transición energética global demanda minerales críticos.

Proveedores mineros: clarificación, promoción de desarrollo y proyección ambiental

La Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) expresó una postura favorable a la adecuación de la ley de Glaciares, al considerar que introduce mayor claridad en los criterios técnicos para la identificación y protección de ambientes glaciares, lo que permite reducir incertidumbres regulatorias y mejorar las condiciones para la inversión. Desde el sector remarcaron que este nuevo marco posibilita compatibilizar el desarrollo productivo con estándares ambientales exigentes, bajo esquemas de control efectivo.

Asimismo, destacaron el rol central de los proveedores dentro de la cadena de valor minera, aportando tecnología, innovación y cumplimiento de estándares internacionales, y valoraron especialmente el fortalecimiento del federalismo, con mayor protagonismo de las provincias en la gestión de los recursos naturales.

"Desde el entramado del sector de los proveedores, que reúne miles de empresas prestadores de bienes y servicios para la minería y decenas de miles de trabajadores en todo el país, destacamos especialmente que la clarificación de criterios técnicos para la identificación y protección de los ambientes glaciares permitiendo reducir incertidumbres históricas, promoviendo un esquema donde el desarrollo productivo y la protección ambiental se integran bajo estándares exigentes y control efectivo", recalcaron en un comunicado de prensa.

En ese sentido, CAPMIN reafirmó su compromiso con una minería responsable y transparente, y llamó a profundizar la articulación público-privada, la capacitación de capital humano y la incorporación de estándares ESG para consolidar al sector como motor de desarrollo económico y generación de empleo en el país.

Manuel Benítez, presidente de CAPMIN, expresó que el sector está “muy conforme con la reforma” y que comparte plenamente la necesidad de proteger los recursos naturales. “Somos fervientes y aprobamos la necesidad de preservar necesariamente los glaciares argentinos y el ambiente periglacial”, afirmó, al tiempo que destacó que la modificación permite reducir incertidumbres regulatorias en una norma que antes presentaba ambigüedades técnicas. En ese sentido, subrayó que el cambio aporta mayor claridad en un tema sensible como el agua: “Desde la minería, una de las primeras cosas que se aprende es a cuidar el agua”, sostuvo.

El titular de CAPMIN también valoró que la nueva ley fortalezca el esquema federal al integrar a las provincias en la toma de decisiones. “Lo que estamos haciendo es agrandar la mesa de opinión, y toda inclusión cuando tiene que ver con el cuidado de recursos naturales siempre es positiva”, señaló.

Además, remarcó el rol de los proveedores y las comunidades en cada proyecto, en un contexto donde la actividad opera con estándares internacionales cada vez más exigentes. “Esta reducción de incertidumbre va a permitir un trabajo más profundo y cuidadoso en la producción minera”, concluyó, al tiempo que consideró que el nuevo marco puede traducirse en más empleo y desarrollo en regiones alejadas, sin perder de vista la necesidad de ciencia, tecnología y previsibilidad para garantizar el cuidado del agua.

La otra cara: judicialización en puerta

Sin embargo, el escenario político no se agota en el Congreso. La oposición y organizaciones ambientalistas ya anticiparon que buscarán frenar la aplicación de la ley en los tribunales, lo que abre una nueva fase de incertidumbre.

La discusión pasará así del plano legislativo al judicial, donde se definirá si la reforma respeta o no los principios constitucionales en materia ambiental.