La falta de efectivo, producto de la retracción general de la actividad económica, provocó durante 2002 un auge y aumento de los bonos provinciales, que se transformaron en una suerte de salvavidas de la mayoría de los gobiernos, incluido el nacional. Un repaso por los distritos permite observar que su proliferación se da junto a una serie de inconvenientes en transacciones cotidianas. Pueden citarse casos de empresas privadas y del propio Estado que no los toman o lo hacen en condiciones desfavorables para los consumidores, complicaciones en los canjes por pesos o LECOP, casas de cambio y mercado negro que pagan porcentajes muy bajos, o empresas que compran los títulos en el mercado alternativo a bajo valor y los utilizan luego para pagar salarios en condición de 1 a 1 con el peso. El circulante en bonos es de cerca de 4.000 millones, más los 3.300 millones de LECOP de Nación (cerca de 50% del circulante total en pesos). Todavía pende el cumplimiento del pacto fiscal Nación-provincias para reducir el déficit, que establece la progresiva desaparición de los bonos. Este punto no es menor: para el FMI es un factor de peso para el demorado acuerdo. Veamos.
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En un primer momento, las más infractoras fueron las estaciones de servicio, que directamente no tomaban Petrom, alegando que sus proveedores no se los aceptan.
Mientras tanto, los sueldos se pagan 30% en Petrom y los aguinaldos fueron liquidados 50% en estos títulos. El alivio para los mendocinos es que, por el momento, tanto supermercados como negocios en general aceptan los bonos sin ofrecer resistencia. Además, la economía mendocina cuenta con la oxigenación que no todos los estados provinciales tienen gracias al contacto con el turismo chileno. De todos modos, la aspiración del gobierno de
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