El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, anticipó que las negociaciones con la Argentina y Brasil para lograr mejores precios de venta del gas serán «muy duras». Además, indicó que ambos países, compradores de gas boliviano, son «maravillosamente amigos hasta cuando se les toca el bolsillo y se les dice que se tiene que aumentar el precio del gas».
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La Argentina tiene un acuerdo hasta fin de año para comprar 7,2 millones de metros cúbicos diarios a Bolivia a un precio de u$s 3,18 por millón de unidad térmica británica (btu), mientras que Brasil puede comprar unos 23 millones a 3,23 dólares.
El ministro boliviano, uno de los más polémicos del gabinete de Evo Morales, previó que también serán «difíciles» las negociaciones con Brasil, el principal comprador de Bolivia.-«El gobierno brasileño está acostumbrado a presionar en los diferentes temas para obtener sus objetivos», dijo Soliz.
Aseguró que la empresa Gas Trans Boliviano (GTB) está preparada para aumentar las exportaciones de gas a Brasil pero señaló que eso depende de lograr mejores precios. Citó como referencia para fijar el precio, el anuncio de Venezuela de un valor mínimo de u$s 5 por millón de btu para el gas que transportaría por el Gasoducto del Sur si se construye, y el valor de u$s 7 o u$s 9 por millón de btu que Chile debería pagar en caso de importar gas licuado.
Soliz también advirtió que el gobierno boliviano no negociará nuevos contratos con Repsol YPF, la empresa Chaco, del grupo British Petroleum (BP), y la argentina Pluspetrol si cumplen su anuncio de recurrir a arbitrajes internacionales.
Según el funcionario, las tres empresas citadas señalaron en cartas enviadas recientemente que están pagando de forma provisional nuevos impuestos en Bolivia, pero que a la vez mantienen vigente su advertencia de acudir a tribunales internacionales.
«Nosotros después de la nacionalización vamos a entrar a negociar los contratos, pero si alguna de éstas u otras empresas recurre a un arbitraje, el gobierno boliviano no va a negociar», insistió Soliz.
Agregó que las compañías que operan en Bolivia, en su mayoría extranjeras, deben someterse a la jurisdicción nacional, y «si hay alguna empresa que no reconoce este principio constitucional se puede ir».
«Lo que se avecina es una etapa tremendamente difícil, razón por la cual el pueblo boliviano haría mal en desmovilizarse frente a lo que ha hecho en años pasados», declaró el ministro.
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