Confusa situación sobre las facturas de luz y gas
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•Posibilidad
Un primer dato a considerar es que la incidencia de los aumentos en las facturas de los usuarios residenciales que en el caso máximo recibieron 27 días con ajuste,(o sea 9 o 7,2% sobre menos de la mitad del bimestre) es menor, pero resulta un poco más significativo en el caso de industrias y comercios, que reciben además factura mensual.
Por otra parte, las privatizadas no quieren devolver el dinero ya facturado, porque aseguran que legalmente no corresponde, y que la nueva aclaratoria «no cambia lo ya establecido en el fallo del 25 de febrero». No se trata de mucho dinero, se estima que sería alrededor de 3 millones de pesos en promedio para cada una de las tres empresas de mayor facturación dentro de las energéticas: MetroGas, Edenor y Edesur, y menos para el resto de las gasíferas, Edelap y las transportadoras de gas y electricidad.
En este contexto, para evitar una desigualdad entre los usuarios (unos pagarán días con aumento, y otros no), los entes reguladores deberían intervenir. El Enargas lo hizo en realidad a los dos días de conocido el fallo de Rodríguez Vidal y dijo que las tarifas debían retrotraerse al 30 de enero, lo que implicaba reintegrar dinero a los usuarios.
•Malestar
La decisión creó fuerte malestar del secretario legal y técnico de Economía, Eduardo Pérez, con el titular del Enargas, Héctor Formica. Según trascendió, Pérez pretendía que las empresas siguieran aplicando los aumentos porque un fallo anterior no había dado lugar al pedido de anularlos, y la resolución del ente regulador convalidó el fallo que él quería que se ignorara.
Las gasíferas, al igual que las eléctricas, rechazaron la recomendación de Pérez de desobedecer a la Justicia, pero no aceptaron la resolución del Enargas de darle efecto retroactivo al fallo, por lo que presentaron recursos de reconsideración que todavía no fueron respondidos por el organismo.
En el Ente Eléctrico, en cambio, no hubo pronunciamiento, porque tiene problemas en su dirección: el titular, Juan Legisa, tiene el mandato vencido, y la prórroga que dispuso el Ejecutivo por decreto también caducó y todavía no fue renovada.
En síntesis, el panorama está confuso y puede haber consecuencias indeseables. El público, en el que prende fácilmente la idea de que se le cobra de más, podría no pagar las facturas que está recibiendo, y las empresas aplicar intereses y hasta el corte del servicio, si alguien no pone claridad.




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