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Según la ley de marco regulatorio, las distribuidoras deben presentar al Enargas las tarifas que surgen de trasladar en su exacta incidencia el nuevo valor del gas en boca de pozo en cada estación.
La situación es compleja desde el punto de vista legal. En la audiencia, el representante de Repsol-YPF pidió que se autorice el precio del invierno pasado actualizado por el CER, lo que implicaría una suba de 21% para el gas y de 7% para usuarios residenciales.
Por su parte, las transportistas y distribuidoras coincidieron en que, juntamente con la actualización del precio del gas, debería autorizarse un aumento de las retribuciones que le corresponden en la misma proporción.
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