Confusión por suba para los celulares

El gobierno salió ayer al cruce de las críticas por la suba de más de 100 por ciento en las llamadas desde un teléfono celular a otro, argumentando que la Resolución 1 del Ministerio de Economía «iguala a todos los usuarios de telefonía, fija y móvil, eliminando reglas muy dispares que perjudicaban una competencia transparente».

Estas afirmaciones fueron hechas por fuentes de la Casa de Gobierno que se involucraron en el conflicto, mientras la Secretaría de Comunicaciones difundió un confuso comunicado donde no queda claro el alcance de la Resolución 1 en cuanto a si es obligatorio o no que el usuario de telefonía celular pague, además del minuto de su plan, 31 centavos más cuando llame a otro celular.

Según la norma firmada por el ministro José Luis Mac hinea, desde el 1 de este mes estará disponible la modalidad «abonado llamante paga» o «calling party pays» (CPP), cuando se llame de un celular a otro. Esto implica un aumento de 124 por ciento en cada comunicación de móvil a móvil, si se calcula que el precio del minuto de la telefonía celular promedia 25 centavos (exceptuando las tarjetas prepagas) y a esto hay que sumarle 31 centavos de la tarifa del CPP.

Las empresas de telefonía celular (Personal, Unifón, Movicom, CTI y Nextel) que en diciembre firmaron el acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones que dio origen a la resolución de Economía, siguieron manteniendo ayer estricta reserva. Sin embargo, trascendió que la medida de Economía causa profundo malestar en las compañías porque no se habrían respetado los términos del acuerdo.

La reserva es indicativa de que las empresas están negociando, o esperan hacerlo en las próximas horas, un cambio en la resolución de Economía. Mientras tanto, ni la Secretaría de Comunicaciones ni las empresas aclararon desde cuándo se aplica la resolución.

Sin cambios

De hecho, las condiciones no han cambiado con respecto al 31 de diciembre aun cuando la norma de Economía establece el 1 de este mes como la fecha de la entrada en vigencia del nuevo precio del minuto del CPP para llamar de un teléfono fijo a un celular.

Según la resolución, el precio del minuto, que si se tiene en cuenta el texto de la norma rige también desde un móvil a otro, es de 31 centavos desde el 1 de este mes, lo que implica una rebaja de 11,4 por ciento cuando se llama de un fijo a un móvil y una suba de más de 100 por ciento cuando se habla de un celular a otro. La norma incluye también un cronograma, por el cual el precio baja a 30 centavos el 1 de octubre y a 28 centavos el 1 de enero de 2002.

El conflicto por cobrar el cargo del «calling party pays» cuando se llama de un celular a otro tiene una historia de más de dos años. Sucesivas resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones del anterior gobierno fueron resistidas por las empresas y terminaron sin concretarse.

Dos situaciones

Durante el gobierno anterior, antes de que Miniphone desapareciera, había dos situaciones. En Capital Federal y Gran Buenos Aires, Miniphone y Movicom cobraban la llamada de un celular a otro, tanto a quien llamaba como a quien recibía. En el interior, CTI, Unifón y Personal no cobraban a sus clientes las llamadas entrantes desde otro celular.

Cuando Miniphone se escindió y una parte fue absorbida por Unifón y otra por Personal, se generalizó la situación de que las compañías no cobran a sus clientes las llamadas entrantes.

Esto originó presiones de las empresas de telefonía fija (Telefónica y Telecom), según las cuales sus usuarios pagan un precio muy caro para llamar a un celular, financiaron el espectacular crecimiento de la telefonía móvil de los últimos años, y facilitaron que no se les cobrara a los clientes de celulares las llamadas entrantes desde otro celular.

Para agravar esa tensión, las empresas de telefonía móvil empezaron a ofrecer rebajas en la larga distancia, compitiendo con las empresas de telefonía fija.

Como resultado de la aspiración oficial de que bajara el precio de llamar de un fijo a un celular y de las presiones de Telefónica y Telecom, surgió el acuerdo surgido en diciembre. Sin embargo, el pacto preveía un plazo de tres meses durante el cual el costo del CPP de una llamada iniciada en la red de una empresa y terminada en la de otra sería pagado por la primera a la segunda.

En ese período, también se haría una evaluación del tráfico entre celulares, para medir el impacto económico sobre los usuarios.

De algún modo, para las empresas de telefonía celular, aunque firmaron el acuerdo, el 1 de abril estaba lejos y podía reverse el plazo como ya había ocurrido antes. Aunque, a instancias de las telefónicas fijas, el acuerdo también incluía que el incumplimiento de alguno de los puntos haría caer todos los demás.

Hipótesis

Es posible que la Secretaría de Comunicaciones haya creído, al igual que los funcionarios de la etapa anterior, que si se obliga a pagar el «calling party pays» entre celulares, las empresas de telefonía móvil bajarían el precio para llamar de un fijo a un móvil, que es libre porque se trata de un servicio desregulado.

Pero una vez más, esa hipótesis no pasó de la teoría y ayer la Secretaría de Comunicaciones dijo, contra lo que indica la resolución de Economía y el acuerdo con las empresas, que las llamadas de un móvil a otro «pueden encarecer en caso de decisión de la empresa, quedando sujetas a los planes que surjan a partir del 1 de abril».