María del Carmen Alarcón, la diputada que fuera marginada el año pasado de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, presentó ante ese cuerpo legislativo, un pedido de informes, para que el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, explique sobre «la veracidad o no de la existencia de presiones entre funcionarios del gobierno nacional y si las ellas pueden haber llegado a constituir amenazas».
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La legisladora santafesina solicitó que el titular de Agricultura explicite las razones que motivaron la remoción de la máxima autoridad de la ONCCA (Marcelo Rossi) y las condiciones personales y aptitud profesional de quien lo va a reemplazar (José Portillo). También pidió se informe sobre las acciones que el Poder Ejecutivo realizará para controlar y monitorear la gestión transparente del organismo, tanto en la distribución de Cuota Hilton como en la eventual asignación de compensaciones a los productores agropecuarios.
Alarcón -integrante del Grupo Pampa Sur, opositor a la política del gobierno-también pidió saber si han existido avances en la normalización de la entrega de ROE (Registro de Exportaciones), cuyo retraso significa «un cierre virtual de las exportaciones, sin que ello sea decidido formal e institucionalmente». Al respecto, la diputada solicitó que se «informe acerca de los criterios utilizados por la administración para otorgar, denegar o suspender la entrega de dichos ROE».
El pedido de la legisladora se basa en la disputa entre el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el ex titular de la ONCCA, Marcelo Rossi, como consecuencia del presunto interés del funcionario que responde al ministro Julio De Vido, de hacerse cargo de la administración de los fondos de compensación -entre u$s 550 y 600 millones- con los que el Estado buscará equilibrar los ingresos de los productores avícolas, porcinos, feedloteros, maiceros, trigueros y ganaderos. Luego de los enfrentamientos, Rossi sostuvo que fue amenazado por Moreno y que temía por su vida y la de su familia: «Te sumás o te vas», le habría dicho, entre los conceptos más suaves, Moreno.
Además del pedido de informe que realizó la diputada, el grupo estudiará con sus abogados «todos los recursos legales posibles para terminar con este tipo de actitudes mafiosas y estas amenazas denunciadas por distintas empresas, consignatarios, productores y, ahora, funcionarios del propio gobierno».
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