El Poder
Judicial
requerirá
casi 1.700
millones de
pesos para
funcionar el
año próximo,
de
acuerdo
con un
proyecto de
presupuesto
del
Consejo de
la Magistratura.
Esa
partida
necesita de
la aprobación
del
Congreso y
del superministro
Alberto
Fernández.
«Hay que pedir más para recibir menos.» La confesión provino de un consejero que está encargado de hacer los números del presupuesto que necesitará la Justicia para funcionar en 2007. Según calculan, requerirá $ 1.669.556.980. Es decir, se piden $ 495 millones más que este año. Significa 42% de incremento en relación con este año.
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«El año pasado pedimos $ 1.500 millones y sólo nos concedieron $ 1.174 millones. Los techos presupuestarios que maneja la Jefatura de Gabinete (Alberto Fernández) son insuficientes para el nivel de necesidades mínimas», detalló el funcionario.
El presupuesto para el Poder Judicial será motivo de debate -si no se modifica la agenda-en el plenario del jueves de la semana que viene. En rigor, antes de las vacaciones de invierno hubo intenciones de cerrar la discusión sobre la masa de dinero necesaria para mantener en pie a los tribunales de todo el país. Pero el cálculo económico-financiero no convenció y, entonces, se decidió postergar hasta después de la feria una definición.
Reclamo
En el documento previo se reclama una partida presupuestaria de casi 1.700 millones de pesos. De ese total, la partida más grande corresponde a «Gastos de Personal» con $ 1.281.265.198.
La asignación proyectada para el rubro «Gastos de Personal» está relacionada con el «blanqueo» de unos 1.200 meritorios, cuya incorporación a planta permanente de empleados fue aprobada en los primeros días de julio último. Estos ingresaron con la categoría de «escribiente auxiliar» y cobran 1.300 pesos.
«La suma calculada por el Consejo será analizada por el Ministerio de Economía y el Congreso de la Nación al momento de aprobar el Presupuesto nacional de 2007, por lo que no se descarta que haya una merma en lo solicitado», advirtieron.
Otra buena porción de esos fondos será destinado a la refacción y adquisición de varias propiedades para dependencias de la Justicia del interior del país. Para que el presupuesto obtenga la aprobación del Ejecutivo varios integrantes del consejo de jueces han propuesto que las cifras finales sean supervisadas por la Auditoría General de la Nación. Una iniciativa bastante extraña porque ese organismo tiene como función revisar las cuentas ejecutadas y no las que están para ser ejecutadas.
Además, nada se ha dicho sobre los $ 850 millones de superávit que la Corte Suprema tiene depositado en una cuenta (y cuyo destino es ignorado) producto de 3,5% que recibe de la recaudación fiscal.
Desde 2004, cuando requirió una partida de $ 884 millones, hasta el presente, el Poder Judicial duplicó su reclamo en materia presupuestaria. Pero, a partir de ahora, la Justicia dependerá presupuestariamente de los «superpoderes» de Alberto Fernández.
