Controlarán en serio ahora a las cerealeras

El gobierno consiguió ayer que el Senado convirtiera en ley los cambios en el Impuesto a las Ganancias que aumentan el control sobre las empresas exportadoras sospechadas de evasión. Se modifican los precios de referencia en operaciones de venta al exterior de commodities, como cereales, cuando éstas sean trianguladas entre empresas vinculadas a través de un paraíso fiscal. Según el gobierno, este tipo de operaciones le cuesta al país entre 300 y 500 millones de pesos anuales.

La reforma en los precios de transferencia que deben declarar las exportadoras establece que, en caso de operaciones entre empresas vinculadas, con la intermediación de una tercera empresa fantasma, se deberá declarar el precio de los bienes -por ejemplo, cereales-de acuerdo con los valores internacionales al momento de realizar la carga de la mercancía, en lugar del precio al momento de cierre de la operación, como es en la actualidad.

En contra estuvieron desde el principio las entidades agropecuarias y cámaras de acopiadores, agentes de las Bolsas de cereales y exportadores de granos del país que integran la Cadena Agroalimentaria Nacional.

Incluso, generó que en el Senado se armara una suerte de audiencia pública donde los cerealeros expusieron los supuestos perjuicios que puede ocasionarles el nuevo control de precios de transferencia, momento que se aprovechó para debatir la denuncia que lanzó Roberto Lavagna sobre evasión en el sector con bajísimos niveles de tributación en Ganancias, en comparación con el monto de las operaciones facturadas en el último año.

En el Senado la ley fue apoyada por la mayoría de los senadores justicialistas y radicales mientras que algunos peronistas como el santafesino Oscar Lamberto, el pampeano Carlos Verna, la formoseña Elva Paz o la cordobesa Nora Bermejo se abstuvieron en el momento de la votación.

La ley procura evitar las maniobras de evasión y subfacturación de exportaciones que practican las empresas con sus filiales ubicadas en «paraísos fiscales» del exterior, o simplemente en terceros países con los cuales acuerdan ventas por debajo de los precios reales de plaza. Luego, el producto se termina vendiendo a sus verdaderos compradores al valor real, mientras que la AFIP percibe el Impuesto a las Ganancias pero aplicado sobre el precio inferior.

• Para impedirlo, la ley establece que las empresas calcularán el Impuesto a las Ganancias sobre el valor de la mercadería al momento del embarque en lugar de hacerlo al momento de concertar la compra de los granos en el mercado interno, como hasta ahora.

• Quedan exentos de esta exigencia las compañías cuya filial o «vinculada» demuestre fehacientemente tener domicilio real en su país de residencia, exhiba un aceptable estado contable y sus activos sean acordes con los volúmenes de las operaciones.

Durante el debate de ayer, el peronista Jorge Capitanich defendió la ley con el argumento de que «la República Argentina tiene una situación fiscal precaria y se debe atacar a las maniobras que promuevan la evasión y elusión fiscal». El radical Carlos Maestro dijo que esta modificación es una de las más difíciles «porque toca importantes intereses. Tenemos que confiar en el buen tino del Poder Ejecutivo Nacional; y le tenemos que dar la posibilidad de que aplique esta herramienta. Modificarla, para que vuelva a Diputados, daría lugar a que aumenten las presiones de los sectores que están en contra», afirmó con un optimismo superior al de muchos justicialistas.