Una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial imputa el incremento del gasto al presupuesto de la Nación. Son $450.000 millones.
Jorge Macri esperaba que la Nación le comenzará a mandar diariamente los fondos de coparticipación.
La medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al Gobierno de Javier Milei devolver 2,9% de la coparticipación federal de impuestos a la Ciudad de Buenos Aires, le generó al presupuesto nacional un gasto adicional de $450.000 millones.
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Así consta en una resolución del Poder Ejecutivo que introduce una modificación presupuestaria para poder registrar la erogación que implica el fallo del máximo tribunal en las cuentas nacionales, buscando no poner en riesgo el superávit.
Se trata de una medida cautelar. Si el conflicto ya estuviera resuelto a favor de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional debería incorporar el dinero a la masa coparticipable. Pero eso no ha ocurrido. Se lo incluyó en el Presupuesto como una Obligación a Cargo del Tesoro.
Este lunes se publicaron en el Boletín Oficial dos decisiones administrativas, la 854/24 y la 861/24. La primera establece un incremento de las erogaciones en el concepto Obligaciones a Cargo del Tesoro por $392.729 millones.
“Se incrementan las transferencias a Provincias y Municipios para financiar gastos Corrientes en $450.000 millones del programa ‘67 - Reglamentación Ley N° 27.606’- con el fin de atender lo dispuesto por la Medida Cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece en 2,95% el índice de Coparticipación Federal de Impuestos de la Ciudad de Buenos Aires”, señala en un reporte la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).
Adicionalmente, se reducen en $10.271 millones las Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes y en $47.000 millones las transferencias a Provincias y Municipios para financiar gastos de capital, ambas del programa “Otras Asistencias Financieras".
La misma Decisión Administrativa determina un incremento del presupuesto para el Ministerio de Defensa por $13.131 millones y $9.160 millones para el Ministerio de Seguridad, entre otros.
La otra decisión administrativa, la 861, determina un incremento del Gastos Corrientes por $7.844 millones y de los Gastos de Capital por $25.262 millones.
Cabe recordar que hasta hace solo unas semanas el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, estaba reclamando a la Nación el pago del fallo de la Corte. Macri esperaba que el dinero le llegara de manera automática, diariamente, como ocurre con los fondos de transferencia automática que reciben el conjunto de las provincias. Pero eso no estaba ocurriendo.
Ante las quejas, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que el dinero del fallo se estaba pagando semanalmente mediante una transferencia a las cuentas de la Ciudad y que se estaba cumpliendo con la orden de la Justicia.
Pero el detalle no es menor: si la Nación incluyera ya ese dinero en la masa coparticipable estaría dándole la razón implícitamente a la Ciudad de Buenos Aires, aun cuando la causa de fondo no está resuelta.
El origen de la inclusión de la Ciudad en la masa coparticipable por un importe superior al 0,7% histórico ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, que decidió mediante un decreto darle más fondos de manera automática.
Luego, Alberto Fernández, revirtió el decreto, le quitó el dinero y se lo dio al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para gastos de seguridad. Precisamente, esos fondos, luego también le fueron recortados por Javier Milei al gobernador bonaerense en el marco del plan motosierra.
En realidad, la manera en que el Gobierno nacional imputó el nuevo gasto indica que el conflicto no está resuelto, aunque en principio Jorge Macri haya obtenido un resultado parcial a su favor.
Los recursos de los impuestos que se comparten entre la Nación y las provincias se reparten en un 44% y 56% respectivamente. Los dos impuestos más importantes son el IVA y Ganancias. Hay otros tributos internos coparticipables.
Se trata de fondos de transferencia automática, lo que quiere decir que se mandan diariamente a las provincias. El reparto entre las provincias, llamado coparticipación secundaria, se hace en función del PBI geográfico de cada estado subnacional. Eso arroja un porcentaje que de acuerdo con la Constitución de 1994 ya se debería haber revisado y modificado, pero es algo que políticamente está muy lejos de lograrse.
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