El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Para exigir el pago de cuentas atrasadas a grupos económicos que suman deudas por unos 85 millones de pesos, se han designado un centenar de procuradores fiscales, que gestionarán el cobro por vía judicial de los distintos impuestos provinciales atrasados. "Los juicios se iniciarán de inmediato, porque muchos de estos evasores aceptaron las determinaciones de deudas que les efectuara la Dirección de Rentas en ingresos brutos o impuesto a los sellos, y luego no las han pagado", se informó oficialmente.
La resolución fue adoptada en una reunión del gabinete provincial donde el gobernador, José Manuel de la Sota, advirtió que no se puede "rebajar un 30 por ciento todos los impuestos y no ejecutar a los que, pudiendo pagarlos, los evaden". Además del reclamo a grandes contribuyentes morosos, se prevé iniciar acciones judiciales contra grandes superficies no declaradas en el impuesto inmobiliario.
Dejá tu comentario