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Se trata de un nuevo capítulo en la disputa que el gobierno viene manteniendo con la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el «corralito».
De esta forma se busca reformar el artículo 12 del Decreto 214, que establecía la suspensión por 180 días de «la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias» dirigidas a disponer de los fondos que están atrapados dentro del sistema financiero.
Como este artículo fue considerado inconstitucional por la mayor parte de los magistrados que recibieron demandas, el gobierno optó por reformularlo.
La intención es que para que un ahorrista libere dinero del «corralito» sea necesaria una sentencia firme de primera y segunda instancia de la Justicia y no sólo una medida cautelar.
Así se busca ganar tiempo y detener la oleada de juicios que los ahorristas están presentando para poder disponer de su dinero.
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