Crearían ente para regular los precios

Entidades de usuarios y consumidores propusieron ayer al gobierno la creación de un Consejo Federal, integrado por la administración central, miembros del Congreso, representantes de estas asociaciones y del sector proveedor, para el seguimiento y control de precios y abastecimiento.

Las entidades, que integran el Foro de Usuarios y Consumidores, se reunieron ayer por la tarde con el presidente Eduardo Duhalde, a quien le entregaron un documento con propuestas para atenuar el impacto de la devaluación del peso en la población. Además de la conformación del consejo, los dirigentes propusieron la eliminación del IVA en productos y servicios esenciales de la canasta familiar y la ampliación de algunos beneficios de la Ley de Emergencia Pública, sancionada el domingo. Las entidades indicaron que suscriben al plan de creación de un millón de subsidios para jefas y jefes de hogar desocupados y proponen la implementación de tarifas sociales para servicios públicos y la suspensión de cortes de estos servicios y restablecimiento, en caso de que ya hayan sido cortados en los últimos 90 días, sin costos.

En cuanto al «control de precios», el foro pidió la eliminación de todos los aumentos ya producidos o por producirse en el área de hidrocarburos y servicios públicos, la intervención del Estado para el normal abastecimiento de medicamentos, sobre los cuales proponen, en caso de ser necesario, la fijación de precios máximos, que solicitan se haría extensivo a los productos básicos de la canasta familiar y combustibles.

Para el rubro de servicios públicos, sostienen la necesidad de reestructurar los organismos de control para darles participación a la entidades y, de la misma manera, solicitan que la asociaciones intervengan en las renegociaciones de contratos en iguales condiciones que las empresas prestadoras.

En este capítulo se exige, además, la sanción por ley de marcos regulatorios de los servicios públicos y la eliminación del IVA y la reducción de la carga impositiva para aquellos considerados esenciales.

En lo referente al sistema financiero, los dirigentes de las entidades pidieron a Duhalde que el Estado inste a que las tasas activas guarden «relación justa y razonable» con las pasivas y la disponibilidad para todos los trabajadores, ya sean autónomos o en relación de dependencia, de 1.500 pesos sobre sus ingresos depositados en cuentas bancarias.

También solicitaron al Presidente el establecimiento de un cronograma para la devolución de depósitos, el no cobro de intereses sobre las operaciones bancarias en mora por deficiencia de la bancarización y la investigación de la fuga de los depósitos. El documento contiene un punto referido especialmente a los contratos entre particulares no vinculados al sistema financiero y que no fue contemplado en la ley sancionada ayer, como las tarjetas de crédito no bancarias, telefonía celular, cable o medicina prepaga, para que sean convertidos a pesos con la paridad 1 a 1. Por último, pidieron que se asegure la independencia del Poder Judicial y se derogue el artículo 16 de la Ley de Emergencia Pública, que autoriza el mecanismo de per saltum para los reclamos que dicha norma pueda originar.

«Nosotros estamos vinculados con la problemática diaria de la gente y le podemos transmitir al gobierno esa cotidianidad, que por chica que parezca, es importante para cada familia», dijo Patricia Vaca Narvaja, titular de Consumidores Argentinos. Sobre la recepción de los planteos al Presidente, la dirigente adelantó que mañana el foro se reunirá con funcionarios de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Defensa del Consumidor «para analizar estos planteos, ver cómo se van concretando y para que estos pedidos no queden en saco roto». En tanto, Sandra González, de Adecua, indicó que la comisión que se va a formar «va a ver la evolución esta semana y en los próximos días» de los precios y el abastecimiento, y aseveró que «a las empresas que no cumplan se las sancionará».

González dijo a este diario: «Entre las cosas que más nos preocupan están las tarjetas de crédito de algunas tiendas como Falabella, C&A o Garbarino, que se niegan a desdolarizarse y cobran intereses usurarios».