Creó el gobierno dos empresas estatales para manejar trenes

La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que establece la reorganización del sistema ferroviario a través de la creación de dos nuevas empresas del Estado destinadas a «controlar y coordinar los servicios de trenes», en un caso, y operar ramales, en el otro.

El gobierno tuvo que enfrentar un duro debate antes que los diputados kirchneristas y sus aliados lograran destrabar un proyecto que ya había sido aprobado en el Senado, pero había quedado congelado en la Cámara baja durante todo el año pasado.

Con 152 votos a favor y 73 en contra, el oficialismo aprobó la iniciativa, cuestionada por los bloques opositores, que rechazaron la «libertad» de decisión y los «escasos controles» que se realizarán sobre esas empresas que estarán bajo el comando de Julio De Vido.

La ley crea una nueva administracióndel sistema de trenes,que tendrá a su cargo «la infraestructura ferroviaria actual, la que se construya en el futuro, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de formaciones». Es decir, el poder absoluto sobre todo el negocio ferroviario en el país.

Activos

Pero además, tomará a su cargo en un lapso de dos años el patrimonio ferroviario que se encuentre en jurisdicción del actual Organismo Nacional de Administración de Bienes. Esos activos que la nueva administración ferroviaria podrá vender incluyen miles de hectáreas y terrenos en lugares claves de las principales ciudades del país, incluida Buenos Aires.

Con la implementación se constituirá la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, una entidad encargada de prestar «servicios de transporte ferroviario de cargas y de pasajeros, incluyendo el mantenimiento del material rodante».

Agustín Rossi fue el encargado de defender la ley: «La medida propone un avance que corregirá lo que se ha hecho mal y se darán mejores controles. No entiendo por qué descalifican el sistema; es una descalificación burda», dijo frente a una catarata de protestas y hasta amenazas de denuncias que llegaban desde la oposición.

Una de esas críticas se centra en el poder que se da a De Vido para controlar el nuevo sistema: «¿Dónde quieren que ubiquemos esta empresa estatal, en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Ambiente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores?», dijo Rossi.

Desde la vereda de enfrente le respondió el jefe del ARI Autónomo, Eduardo Macaluse: «El Estado no controla a las empresas prestadoras del sector porque muchas de ellas contribuyeron con dinero en la campaña de Cristina Kirchner», dijo y recordó que la ley de financiamiento de los partidos políticos prohíbe que las empresas de servicios públicos privatizados aporten a las campañas electorales.

«Esto es la patria subsidiada, en la que, en realidad, las empresas concesionarias lo que tienen en las boleterías es una especie de alcancía donde todos los bobos que tenemos que viajar en el ferrocarril o en el subterráneo depositamos nuestra plata; ellos se la llevan y no ponen absolutamente nada porque las inversiones las hace el Estado», remató Macaluse. Desde el radicalismo, Alejandro Nieva afirmó que el plan «ni ordena ni protege el sistema ferroviario; por el contrario, es una iniciativa regresiva», dijo. La jefa del bloque socialista, Laura Sesma, le acotó: «Esto es un cheque en blanco para el Ministerio de Planificación». Más duro estuvo el radical santafesino Pedro Morini: «Esta es una ley más, que reemplaza a la de privatizaciones de Menem y Cavallo, aunque, en este caso, las facultades y el poder son delegados al Ministerio de Planificación Federal, sin un marco regulatorio que permita, ante cualquier falencia, la participación de un organismo de control».

El proyecto de reordenamiento vial fue uno de los pocos fracasos que tuvo el gobierno en el Congreso el año pasado. Hasta tuvo la contra de algunos kirchneristas y en la última sesión de 2007, la oposición se puso de acuerdo y evitó que el tema fuera tratado en el recinto.

Por eso, como el kirchnerismo no había podido sancionar la ley durante las sesiones ordinarias del período anterior, Cristina de Kirchner decidió colocar el proyecto dentro del único debate extraordinario de Diputados.