Desde que se instrumentó la Ley de Control Fiscal, que estipula que la operaciones que igualen o superen los $ 10.000 no podrán realizarse en efectivo, surgieron más críticas que adhesiones. Las siguientes son las principales trabas que mencionan quienes rechazan este nuevo instrumento que entró en vigencia ayer.
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El costo del cheque cancelatorio es elevado, sobre una operación de $ 60.000 se deberá abonar $ 150 por el cheque.
Las operaciones sufrirían una demora de aproximadamente una semana: se necesitan 48 horas para que la institución crediticia emita (venda) el cheque, y entre 48 y 72 horas más para pagarlo.
El dictado de esta norma resta a la moneda nacional el carácter de medio de pago, por encima de $ 10.000.
La ley viola la estructura del Código Civil y normas constitucionales.
No soluciona los temas de evasión. · En una operación inmobiliaria de gran porte, el que recibe el cheque podría tener que pagar los gastos de escribanía con otro cheque cancelatorio, lo que traba aún más la opera-toria. Además, si el cheque carece de fondos, el vendedor no tendrá derecho a reclamar la devolución del bien.
