Un clima de enorme preocupación campeó ayer en la reunión que convocó la Unión Industrial Argentina tras la cual un comunicado de la entidad fija en más de 4.000 empresas las afectadas ya por la falta de provisión de energía.
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En la entidad que preside Juan Carlos Lascurain, ayer el protagonismo lo tuvieron los representantes de las centrales fabriles del interior. El temor generalizado entre los industriales es que la crisis energética se lleve puesto el crecimiento, la producción y provoque situaciones más que complicadas en lo social, dado que -de seguir los cortes-se verán obligadas a incrementar las suspensiones de personal, tanto en el número de operarios como en los períodos de licenciamiento. Además, no les será posible continuar pagando 75 por ciento de los salarios al personal suspendido «sine die», lo que podría abrir las puertas a conflictos con los gremios.
También se acordó pedir la aplicación de la Resolución 1.281 (vigente), que permite que el Estado «compense» (léase subsidie) a las fábricas que incurran en mayores costos por utilizar fueloil en lugar de gas. «Las que puedan cambiar que lo hagan, para liberar ese gas a los que no tienen esa posibilidad. Es justo entonces que los compensen», dijo a este diario un alto dirigente de la UIA.
El encuentro se prolongó desde el mediodía hasta pasadas las cuatro de la tarde; la región más afectada por la falta de provisión de energía sería Córdoba, de acuerdo con el balance presentado por el titular de la UIC, Oscar Guardianelli, seguido por Santa Fe (expuso el titular de la FISFE, Guillermo Moretti-); detrás se encolumnó Neuquén, a la que no le falta gas, pero sí electricidad.
Sin embargo, quien pintó el panorama más dramático fue Néstor García, de Río Negro. El dirigente expuso, por caso, que los elaboradores de jugos debieron suspender a su personal y que los productores de frutas les preguntaban qué hacer: «No le puedo pedir a la manzana que me espere en el árbol hasta que haya electricidad», contó que le dijo uno de ellos. En medio de la crisis concurrieron a un edificio provincial en el que -según García-había «al menos 80 aparatos fríocalor funcionando a full: así no va; el esfuerzo tiene que ser parejo». Y cerró advirtiendo lo peligroso de la situación: «Los obreros de Zanón ya cortaron las rutas y los puentes; la situación es explosiva y puede empeorar rápido...».
Por su parte, José López Mañán, de Catamarca, dijo que tuvo que «reprogramar los horarios en nuestras plantas por los cortes de 16 a 24; hoy trabajamos de noche. Toda la provincia consume apenas 250 Mw, de los cuales 120 se los lleva la mina Bajo La Alumbrera. Emparejemos las cargas...».
Además de las quejas puntuales, Córdoba, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y San Luis coincidieron en que «ahorramos en la provincia, pero no sirve para nada: lo que no gastamos nosotros lo vuelcan al sistema interconectado e igual nos cortan la luz».
Tras la reunión, se decidió elaborar un comunicado de prensa cuya redacción demandó varias horas por los tironeos entre quienes querían mayor dureza (el interior) y los que propiciaban una posición más conciliadora no sólo frente al gobierno, sino también ante los sectores que podrían verse afectados por las medidas que se proponían.
Conceptos salientes
Finalmente, el texto pide que no sea la industria el único sector al que se le cortala luz y el gas, y que se le comunique a la población la gravedad de la coyuntura. Los pasajes más salientes:
En las últimas semanas se produjeron pedidos de reducción de demanda de energía eléctrica a más de 4 mil empresas en todo el país, que en la mayoría de los casos superan 40% de la demanda total de esas empresas, en una banda horaria de entre seis y ocho horas diarias.
En el caso del gas, las restricciones abarcan unas 900 empresas con cortes que en algunos casos llegaron a varios días.
Se remarcó la necesidad de asegurar el abastecimiento básico para el consumo domiciliario y los servicios esenciales, pero simultáneamente minimizar el impacto sobre la producción.
Se analizaron acciones tendientes a incrementar la oferta de energía disponible, promover la distribución del esfuerzo en una base más amplia de la demanda energética, administrar la provisión de GNC y limitar su impacto en el sector productivo, y difundir el uso racional de la energía entre todos los usuarios.
Lo central de la postura de la UIA, entonces, es -tal como adelantó ayer este diariopedirle al gobierno que admita la crisis ante la población, advierta que si no se ahorra energía los cortes llegarán no por voluntad del príncipe, sino porque «se cae el sistema», reparta la carga de la crisis entre todos los sectores (no sólo en la industria) y entienda que, de lo contrario y en función del agravamiento de la situación laboral, podrían dispararse estallidos de imprevisibles consecuencias. Por ahora, el gobierno no parece escucharlos.
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