Cupones bursátiles

Una alta fuente, de una de las empresas que más se verían afectadas -citaba un recuadro de Ambito Financiero, del día miércoles 19- aseguró que: «el gobierno se niega a permitir el ajuste impositivo por inflación y el sector privado se niega a pagar Impuesto a las Ganancias, por rentas inexistentes, o presuntamente contables...». Y aquí la situación se coloca en blanco y negro, como debe ser, después del franco atropello que se llevó adelante -y que en esta columna no dejamos de remarcar- por lo que, obviamente, nos colocamos del lado de las empresas. Los argumentos que esgrime Economía, para defender el proyecto desconociendo la inflación en los balances, atraviesa meridianos tan insólitos como: la pérdida de $ 3.000 millones, sería fiscalmente incompatible con las metas de recaudación firmadas con el Fondo Monetario y que obligan a la AFIP a recaudar, mensualmente, no menos de $ 6.000 millones, en promedio... Si la medida intentada es justa, o no, no parece importarles nada a los que firman compromisos sin ninguna base seriamente estipulada y, a través de ello, buscan la meta mediante cualquier norma arbitraria. Esto deja a todo el país expuesto a cualquier tipo de medida que se les ocurra implementar, porque lo único que ampara el tomarlas es: llegar a una cifra comprometida. Para el caso, hasta suena a más razonable y menos avasallador, el hecho de haber inventado algún impuesto, o cambiando un porcentual de otro. Pero, el querer llevarse a las arcas $ 3.000 millones irreales, es poco menos que meterle la mano en el bolsillo al contribuyente.

Esto promete otros capítulos, visto que hay una actitud bastante firme y mancomunada de las sociedades que, en muchos casos ya, apelan al ajuste inflacionario aunque no se les quiera admitir. Como para no romper el puente, se encargaron los damnificados en aclarar que no irán en procura de fallos judiciales, de amparos, para salir al cruce de Economía. Pero, según se tomen en cuenta los reclamos, no debe descartarse que estalle un incendio en tal sentido y hasta que se puedan producir «rebeliones fiscales», aunadas o espontáneas. En un país que viene, y todavía permanece, en una crisis tan profunda, no se encuentran sociedades que deban perder algo de ganar, o quemar «gordura», sino que hay muchas que ya han visto desintegrarse el músculo de la sociedad. Como para que vengan con cruzadas recaudatorias, en función de un acuerdo firmado y que -todos sabían- era incumplible.

Resultaría una suerte de «bono patriótico», pero sin el consentimiento del supuesto donante. Hacerle pagar por lo que en la realidad no ha ganado, y -como dice Ledesma- hasta quizás transferirle todo el beneficio al fisco. En lo que constituye una «confiscación», lisa y llana, revestida de aspecto legal. Hasta el día de hoy, lo único que han dicho en áreas gubernamentales es que: «sí hubo inflación, pero la niego». Todas las cotizantes están, obviamente, insertas en esta problemática. Es tema de fondo.