Mucho antes de que el operativo canje se pusiera en marcha, las empresas habían estado componiendo sus propios compromisos, o presentando propuestas para negociarse, y muchas de ellas consiguieron restablecer los vínculos con sus acreedores. Vistos los distintos mecanismos aplicados, y los disímiles porcentuales de quitas y plazos, quedó en claro que ningún acreedor tiene voluntad de estrangular al deudor: sino, simplemente, encontrar una línea de corte de ambos intereses. Y dejar que el deudor pueda generar recursos para -justamente- realizar lo que es natural: abonar sus compromisos. Sin estruendos, sin fórmulas mágicas, ni actitudes patoteriles, el empresariado recompuso las redes que el default argentino -y la devaluación abrupta- habían originado. En todo el entramado, el gobierno no tuvo participación y tampoco debía tenerla: era un tema de deudas entre privados. Ahora y cuando se busca que una línea de financiación vuelva a fluir, después del desastre provocado y el desgaste de confianza que arrastró a todos, surgieron inquietudes de emitir Obligaciones Negociables privadas, las que están ceñidas a los componentes que las hagan apetecibles. En tal caso, tales títulos de deuda iban a poseer cláusulas indexatorias por inflación, del mismo modo que los bonos oficiales que más aceptación tuvieron: los del CER.
Pero he ahí que surge un impedimento y un bloqueo a la iniciativa de los privados: con el argumento de que ello podría incentivar el asunto inflacionario, si es que las ON contuvieran esa forma de actualizarse. Vale decir, el gobierno se arroga el único derecho a arrojarle nafta al fuego, al haber recreado símiles de los viejos «VANAS», quedándose con la exclusividad de emisiones de tal tipo.
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