Cupones bursátiles

... Y el tema de hoy vuelve a ser la CNV. En verdad, no, el tema es aquello que debería ser una CNV y el código legal por el cual regirse una Justicia seria, respecto de los delitos económicos. En definitiva, el tema -para los que siempre se cubren diciendo que delitos hay en todas partes- es que aquellos que quedan incursos en desvíos tienen los severos castigos que aquí ignoramos.

El ya legendario «caso Enron», con la quiebra de la séptima empresa en la economía norteamericana, ganó otra vez espacios en los medios: a través de los fallos emitidos. El fundador de la sociedad alcanzó a escapar a la sentencia, habiéndose muerto oportunamente, pero en días pasados se dictó la pena para Jeffrey Skilling, quien dirigió durante seis meses la empresa y renunció cuatro meses antes del escándalo.

El caso es que este hombre de 52 años, y que fue hallado culpable de 19 cargos por parte del jurado, debió escuchar al juez de distrito Sim Lake, quien le aplicó lo siguiente: 24 años y cuatro meses de prisión y una multa de 45 millones de dólares...

Obviamente, dijo el condenado ser inocente de los cargos y solicitó estar fuera de prisión, mientras se desarrolla el proceso de apelación: esto le fue denegado. Sin conclusiones retóricas, el juez puntualizó: «La evidencia demuestra que el acusado mintió repetidas veces a los inversionistas».

Muchos quizás exclamarían, bien a la Argentina: «Bueno, che, pero después de todo el hombre no mató a nadie...». No, no es preciso llegar a cometer un crimen de modo directo para haber sembrado mucho mal. Y en este caso de Enron, se dejó constancia de que con la sentencia se establecía una cierta justicia para las miles de personas que perdieron sus empleos o millones de dólares en inversiones. Tan simple como eso.  

Con la pena no se habrán de recuperar empleos ni inversiones, pero -al menos- se elimina esa odiosa sensación de impunidad que un largo listado de delitos económicos en nuestro país siempre deja flotando. No dudamos que legislación de tal dureza sería impensable de poder redactar en nuestro medio y donde parece que mientras no se haya matado a nadie -de mano propia- todo lo demás «no es tan grave». Escuchamos desde varios años atrás que la CNV elevó una denominada «ley de transparencia» -buscando aplicar castigos que no sean tan ridículos como los que le están permitidos- y eso fue rebotando sistemáticamente. Y cuando en el Congreso se habla de configurar el «delito económico», con muchas facetas modernas que no se contemplan, y revisar el régimen de penalidades: automáticamente, se produce la oposición de los legisladores. En general, en la misma sociedad existe esa sensación de que el estafador, el defraudador, es un pícaro y nada más. Hasta que uno se convierte en víctima.