Debate sobre el uso de asociación ilícita

El anuncio del gobierno de impulsar la figura de asociación ilícita para los casos de fraude fiscal «a gran escala» supone para los especialistas más una «amenaza» de carácter político que un reforma operativa.

Profesionales consultados por este diario advirtieron que la intención expresada por el gobierno de incluir la figura de asociación ilícita no requiere una modificación legal, ya que ese delito está previsto en el Código Penal y se puede aplicar en caso de fraude fiscal.

De hecho, el juez Julio Cruciani usó esa figura para imputar a Omar Fassi Lavalle, quien fue detenido, aunque luego un tribunal de alzada ordenó su liberación. Para Cruciani, el delito de asociación como agravante de un delito es válido y puede aplicarse en la actualidad.

Lo mismo explicó el ex juez federal Alberto Piotti. «Tal como están las leyes, no es necesario establecer ninguna reforma. Hoy por hoy, la figura de asociación ilícita se puede aplicar a un delito» que podría ser el fraude fiscal, le explicó a este diario.

• Lectura adicional

Sin embargo, aclaró que desde el gobierno se podría accionar por otras vías como, por ejemplo, instruir a los fiscales para que profundicen su tarea poniendo especial énfasis en detectar casos donde se registre ese tipo de delito.

En otros ámbitos de la Justicia aportaron una lecturaadicional. «Es una amenaza del gobierno: legalmente no implica ningún cambio. Pero políticamente puede actuar como un factor de temor: el famoso traje a rayas para los evasores que prometió Kirchner en su discurso de asunción», señaló un funcionario judicial.

La intención expresa de la administración Kirchner es instalar la idea de una lucha sin cuartel contra la evasión, práctica que según cálculos estimados alcanza los 30 mil millones de pesos anuales.

• Control

En ese marco se inscribe también el anuncio de lanzar un ejército de 1.000 sabuesos para realizar controles sobre empleo no registrado, facturación, controladores fiscales y controles de ruta.

Ayer, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Roberto Lavagna; y el titular de la AFIP, Alberto Abad, presentaron un severo plan para luchar contra la evasión que entre sus puntos principales incluye la referencia a aplicar la figura de asociación ilícita a los delitos fiscales.

Ese punto, que está previsto en el artículo 210° del Código Penal, generó una fuerte política por su aplicación en casos resonantes, como la detención de Carlos Menem por la causa armas o la de Víctor Alderete por presuntos hechos de corrupción vinculados al PAMI.

Ahora, desde algunos sectores, se advierte sobre los mismos riesgos. Se entiende que es buena la decisión oficial de avanzar contra la evasión, pero se teme a su vez que algunas mecánicas sean aplicadas con criterio laxo, y pongan más en riesgo aún la seguridad jurídica del país.