Defensores del pueblo apoyaron "ley anticorralito"

San Luis - Los defensores del pueblo de todo el país respaldaron la «ley anticorralito», que el gobierno planea presentar hoy en la Legislatura, y la lucha de la provincia para evitar la pesificación de los u$s 247 millones de reservas.

Los ombudsman que cerraron un encuentro nacional este fin de semana no se desentendieron de los temas que tienen a San Luis en el centro de la escena. En la declaración conjunta que emitieron apoyaron la iniciativa que esta tarde la gobernadora Alicia Lemme remitirá a la Cámara de Diputados.

Los defensores ni bien llegaron a territorio puntano se enteraron de la iniciativa que despertó su interés al punto de que modificaron el programa de las deliberaciones para invitar al ministro de Economía puntano, Claudio Poggi, a exponer el proyecto que una vez sancionado les será enviado para tenerlo como antecedente.

La coincidencia fue total: «Puede convertirse en una ley ejemplo para todo el país», dijo el ombudsman anfitrión Jorge Sopeña al señalar que «los puntanos debemos estar eternamente agradecidos por la actitud que tuvo la asociación (de defensores)».

La «ley anticorralito» reconoce como núcleo la obligación para los bancos con sede en San Luis de devolver los depósitos a los ahorristas en la moneda original que fueron pactados o serán inhabilitados para seguir operando en la provincia.

«Se ajustará a estrictos principios constitucionales, tanto de la Carta Magna nacional como provincial», sostuvo Poggi, que este fin de semana terminó de redactar el proyecto que establecerá un programa de retiro de los fondos a acordar entre las entidades bancarias y los ahorristas.

• Monto

Se estima que antes de la entrada en vigencia del «corralito» en los bancos radicados en San Luis habían depósitos por 500 millones de pesos o dólares, siendo el gobierno puntano el principal ahorrista que ahora pugna por evitar que le reintegren sus 247 millones de dólares al cambio de 1,40 peso.

Los defensores adhirieron al reclamo de las reservas en la convicción de que su posición está sustentada «en la inteligencia de que sus depósitos son el ahorro de la sociedad y están destinados a llevar a cabo obras y servicios de interés social que beneficiarán directamente a la comunidad».