La Mesa de Promoción del Empleo Decente entra hoy en etapa de definiciones. Se reunirá por cuarta vez en el tercer piso del Ministerio de Trabajo. El tema central que podría tener conclusiones importantes es el destino de los 100 pesos de aumento para el sector privado que vencen en diciembre. Ya es un hecho que este pago continuará como mínimo hasta junio próximo. Lo que deberá resolver esta mesa que impulsa el Ministerio de Trabajo y la integran empresarios y sindicalistas hoy es si se aplica una prórroga o si ese dinero se incorpora al salario nominal de los trabajadores y comienza a tributar aportes previsionales. Además de este tema, se discutirán hoy los alcances del blanqueo laboral que quiere impulsar el gobierno y la posibilidad de flexibilizar los horarios laborales.
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Como para darles impulso definitivo a las discusiones, ayer anunció que participará activamente la propia Graciela Camaño junto con su viceministra, Noemí Rial. La idea de la ministra es comenzar a poner en blanco sobre negro los capítulos en los que empresarios y sindicalistas están de acuerdo (por ahora pocos), para elevar a Eduardo Duhalde las conclusiones y trabajar en la redacción de los decretos reglamentarios. Como el llamado es «vinculante», las definiciones que se alcancen no deberían esperar a ser sancionadas por ley para ponerlas en práctica.
La idea del Ministerio de Trabajo es que los $ 100 se incorporen al salario de manera nominal, con lo que los empleados pasarían a ganar menos dinero de bolsillo porque tributarán aportes previsionales. La CGT oficial de Rodolfo Daer quiere incorporar los 100 pesos al salario, pero elevando la cifra a 130 o 150 pesos mensuales para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. La Unión Industrial Argentina (UIA) y el resto de los representantes de las empresas descartan esta última alternativa y prefieren que el gobierno aplique la prórroga. El sindicalista Hugo Moyano tiene una visión distante de las tres posturas. Habla de la apertura del Consejo del Salario y que directamente las empresas acepten los aumentos salariales que impongan las cúpulas gremiales.
Por su parte Camaño propondrá que las empresas que tienen dificultades para liquidar los 100 pesos y puedan comprobarlo en los balances, accedan a un plan de pagos de hasta dos cuotas de 50 pesos cada una. Según los datos del Ministerio de Trabajo, actualmente 83% de las empresas privadas alcanzadas por la medida estaría cumpliendo normalmente con las liquidaciones, con lo que este plan regiría sólo para 17% restante. Entre este porcentaje estarían fundamentalmente los comercios y las empresas de construcción, con el más alto nivel de incumplimiento.
Fuera del conflicto por el destino de los 100 pesos, el segundo tema que tratará la mesa será la implementación del blanqueo de empleados en negro. La idea de Camaño, que por ahora no tiene el apoyo del Ministerio de Economía, es la de permitir que las empresas (sobre todo PyMEs) que blanqueen trabajadores que hoy no efectúen aportes, puedan descontar por un tiempo determinado estos pagos de IVA o Ganancias. Para la cartera que dirige Roberto Lavagna, este proyecto sería como revivir los planes de competitividad de Domingo Cavallo. Además serían un problema en momentos en que se negocia con el FMI sobre la base de la imposibilidad de mayores ajustes fiscales.
Otra idea sobre la que se trabaja en el ministerio es la posibilidad de abrir líneas de crédito para las empresas que blanqueen trabajadores.
Donde aparentemente no habrá hoy mayores avances es en la posibilidad de flexibilizar los horarios laborales. Según los empresarios, con la imposibilidad de reducir el pago de las indemnizaciones (que hoy son el doble de lo normal), se impide la contratación de nuevos empleados. A partir de aquí las empresas aumentan las horas extra trabajadas en lugar de tomar nuevos trabajadores. Según la CGT de Daer, hablar de este tema implica crear «empleados de primera y de segunda».
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