Si todo marcha bien en el Senado y se aprueba el paquete fiscal propuesto por el gobierno, a partir del 1ro de enero de 2025 los consumidores van a poder ver en las facturas que reciban el importe discriminado de impuestos.
Desde cuándo se podrá volver a ver el IVA en las facturas
Una extraña iniciativa de Domingo Cavallo en los 90 prohibió que se informe cuánto paga la gente de impuestos. Si se aprueba en el Senado el paquete fiscal, estará vigente en 2025. Dudas con las provincias.
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Desde enero las facturas informarán el IVA discriminado e impuestos internos.
Tributaristas consideraron como positiva la medida, aunque también advirtieron sobre los costos que demandará el cambio para los comercios y que las provincias deberían sumarse para que se refleje con mayor claridad el impacto tributario sobre el precio final de los bienes y servicios.
Vicente Lourenzo, asesor en temas fiscales y tributarios de pequeñas y medianas empresas señaló a Ambito que para que se pueda discriminar el IVA, que es el principal impuesto nacional “habría que hacer modificaciones a los controladores fiscales y eso demanda costo”.
Lourenzo consideró que la ley que ya cuenta con la aprobación de los diputados “da un tiempo prudencial” para que los comerciantes puedan llevar a cabo esos cambios.
Tanto el emisor de tickets fiscales de un supermercado, por ejemplo como los sistemas contables de las empresas van a tener que modificarse. Actualmente cuando una firma hace una venta y emite una factura, el sistema contable registra una venta por el importe final, y los divide por 1,21, para obtener así el importe del IVA cobrado.
Lourenzo opinó que “es bueno que el consumidor sepa lo que está pagando de impuestos” cuando compra algo. Al hacer una comparación con los consumidores de Estados Unidos, señaló que allí el público está mentalizado que cuando le informan sobre un precio, este no incluye impuestos.
El contador remarcó que como el proyecto de ley invita a las provincias a sumarse a la iniciativa para que también discriminen el Impuesto a los Ingresos Brutos, que es la otra pata fiscal que paga el consumidor, los gobernadores deberían acompañar.
A la espera que las provincias se adhieran
“No creo que vayan a hacerlo, o van a tratar de evitarlo. las provincias pueden adherir, pero ley nacional no los puede obligar”,explicó.
Más allá de ello, indicó que la inclusión de impuestos indirectos de las provincias “sería complicado” porque cada jurisdicción cobra una alícuota diferentes según el tipo de actividad. Más si se pretendiera sumar las tasas municipales vinculadas a la facturación, como es Seguridad e Higiene en la provincia de Buenos Aires, donde cada distrito determina si la cobra y cuanto,lo que haría que cada ciudad tuviera que tener una configuración de controladores y sistemas contables diferente.
Aún así, los contadores ven con buenos ojos la iniciativa del Poder Ejecutivo. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló que la transparencia fiscal “es algo que se venía pidiendo desde hace muchos años”.
Es de recordar que originalmente, el IVA se discriminaba en la factura, tanto de consumidor final como la que se emite para responsables inscriptos. Pero eran épocas en las que los sistemas eran artesanales. Las facturas se confeccionaban prácticamente a mano. Pero Domingo Cavallo, en los años 90’, mandó al Congreso una modificación a la ley para que se prohibiera informar a la gente cuánto pagaba de impuestos.
“Si bien se invita a las provincias para incluir impuestos provinciales y municipales, no creo que haya mucho interés en mostrarlo”, agregó Domínguez. Por otro lado, el CEO de SDC Asesores Tributarios consideró que el caso en donde mejor se verá el impacto tributario en el valor final es el de los autos, ya que ahí además se suman Impuestos Internos que tienen una influencia determinante el lo que paga el consumidor.
En tanto, explicó que para hacer un cambio en el sistema de facturación se requieren unos tres meses, por lo que el plazo que fija la ley es bastante generoso con todos los actores del sistema.
Desde ya, que probablemente las dificultades tengan que ver con los costos que demandarán los cambios de software y de los controladores homologados por la AFIP para entregar tickets.
En otro aspecto, Domónguez destacó que el artículo 108 de la ley Bases prohíbe promocionar eventos organizados por el Estado bajó la denominación “gratis”. “Si bien es de entrada libre alguien lo paga”, explicó el asesor financiero quien destacó que se tendrá que poner que es “solventado con tributo de los contribuyentes”.
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