Un positivo giro dio el gobierno respecto de la renegociación de la deuda. En la oferta a acreedores decidió pagar los intereses atrasados desde la declaración del default. No es un tema menor: suman casi u$s 20.000 millones los reclamos de los bonistas por ese concepto. Es cierto que no se abonará ese monto total, pero ya el hecho de que se lo reconozca y se lo incluya en la reestructuración es un paso importante. Es más, ya está cercano el objetivo que más de 70% de los bonistas acepte la oferta. El gobierno así cambia sustancialmente lo anunciado en Dubai, pero sin pagar costo político. Ahora, la quita del valor presente de la deuda en default llega a 75%, pero la nominal se reduce a un nivel cercano a 65%. En un encuentro de Kirchner con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y Roberto Lavagna quedó descartada la posibilidad, una vez más, de aumentar el superávit primario. Detrás de todos estos movimientos queda la sensación de que hay una toma de conciencia en el gobierno de las ventajas de lograr un rápido acuerdo con los acreedores que permitirá al país sobrellevar cómodamente, en caso de concretarse, las señales negativas que hoy llegan por la suba de tasas en EE.UU., la caída de la soja y la situación en Brasil. Formalmente, la propuesta se presentará en setiembre.
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Los bancos extranjeros que integran el sindicato asesor (UBS, Merrill Lynch y Barclays) explicaron en la propuesta elaborada que el reconocimiento de los intereses caídos en la oferta es fundamental para incrementar la aceptación de los bonistas.
La decisión del gobierno fue ceder en este punto, pero a medias: Luego de escuchar una extensa exposición de Lavagna,
El Presidente presentará los aspectos centrales de la oferta en las reuniones que mantendrá a partir de hoy en la cumbre presidencial de Guadalajara con otros jefes de Estado, especialmente de Europa. Lavagna también forma parte de la comitiva.
Para los bonistas, esto representa una buena noticia, porque más allá de que se mantenga una fuerte quita, al menos el gobierno les reconocerá una mayor tenencia de títulos por los intereses impagos desde diciembre de 2001 hasta ahora.
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