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En su Página WEB, la Asociación de Defensa de Usuarios de Bancos, Financieras, Fondos Postales y Aseguradoras (ADUSBEF por su sigla en italiano), la entidad que reclamó ante la justicia la utilización de esos fondos, estimó que pueden llegar a 15 mil millones de Euros mientras que la Banca de Italia, estimó que llegan a 10 mil millones.
ADUSBEF estimó que llegan a 630 mil los ahorristas italianos perjudicados por los bancos de los cuales 450 mil corresponden a ahorristas en bonos argentinos, 145 mil afectados por la quiebra de Parmalat y 35 por la empresa Cirio, que reclaman en su conjunto más de 20 mil millones de euros en los estados judiciales.
Esos fondos corresponden a depositos de dinero en bancos y cajss de seguridad, libretas de ahorro, pagos oficiales nunca efectuados y retenidos por los bancos, y títulos pertenecientes a personas muertas o desaparecidas, que no tuvieron movimientos en los últimos diez años serán confiscados por el gobierno italiano y destinados a pagar a los ahorristas.
El representante en Argentina de la Asociación de Consumidores Bancarios de Italia, Tulio Zembo, explicó que "esta posibilidad estaba contemplada en la Ley de Presupuesto 2006 pero recién ahora se instrumentó, porque no se encontraba la fuente de financiamiento".
En declaraciones en diversos medios, Zembo señaló que "el gobierno argentino debería prestar atención a esto porque podría descomprimir enormemente la situación".
El consejo de Ministros aprobó el 4 de junio último un decreto presidencial a través del cual el Estado acudirá a los fondos "dormidos" para recompensar a los damnificados del default argentino.
Este decreto tiene la opinión favorable del Consejo de Estado que según lo establecido por la ley financiera del 2006 define la noción de relación contractual bancaria y aseguradora "durmiente" también con el propósito de indemnizar a los ahorristas que, habiendo invertido en el mercado financiero, hayan resultado víctimas de fraudes financieros.
Ahora, el gobierno italiano antes de confiscar esos fondos citará a los titulares y les dará un plazo de 180 días, citándolo por carta documento, a los supuestos titulares de esos fondos "dormidos" y de no haber reclamo se destinará a ese fondo de auxilio social y para pagar a los usuarios afectados por los bancos.
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