DNI: decreto no aclara por qué cancelan contrato

El gobierno nacional difundió ayer el decreto por el cual se rescinde el contrato de provisión de DNI con la empresa alemana Siemens IT Services, que fuera firmado el 6 de octubre de 1998 para la confección de los DNI, como parte de un (más amplio) sistema informatizado de control de pasos fronterizos.

La norma, que lleva el número 669, fue entregada en mano a los apoderados de la firma en la sede de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia; un escribano labró un acta certificando la recepción del decreto por parte de los abogados de Siemens, José Ares y Rubén Slame.

En su parte resolutiva, la norma -de apenas cinco artículos, uno de ellos de forma-también da por finalizado todo vínculo entre la administración nacional y las consultoras Swipco y Pistrelli Díaz-Arthur Andersen.

En los considerandos se indica que el gobierno obra en virtud de las facultades de la Ley de Emergencia Económica, que le permite «la rescisión de contratos de obras, servicios, suministros, consultorías o cualquier otro tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados antes del 10 de diciembre de 1999».

Agregan los fundamentos del decreto que se consultó a la Comisión de Estudio y Seguimiento del Contrato Siemens, las direcciones del Registro Nacional de las Personas, de Migraciones y la Nacional Electoral, así como la Secretaría de Hacienda. De resultas de esas consultas, sigue fundamentando la norma, «a pesar de las propuestas de reducción de los ingresos de la contratista, los costos para el Estado hacen que este contrato encuadre en la Ley de Emergencia Económica».

Los considerandos recuerdan las negociaciones que encararon el gobierno y Siemens, y se reconoce «el esfuerzo económico efectuado por la contratista», a pesar de lo cual el mismo «no cubre la totalidad de los puntos demandados» en una propuesta que se les acercó a los alemanes.

Dado que las contrataciones de Swipco y Arthur Andersen como consultoras vinculadas al sistema de impresión de DNI y controles fronterizos dejan de tener sentido al anularse el vínculo con Siemens, estas empresas corrieron la misma suerte que la principal, lo que está previsto en el contrato celebrado con la prime-ra de las nombradas.

El artículo 1° decreta la rescisión del contrato; el 2° faculta a los ministerios del Interior y de Economía a que reciba los equipos e instalaciones destinados por Siemens a la ejecución del contrato que se deja sin efecto; a la cartera económica se le encarga, además, que «estime el monto de las inversiones que deberán ponderarse en la fijación del reintegro de gastos de la contratista». Este punto es el que decididamente acarreará complicaciones, dado que -se dice- Siemens pediría una indemnización de alrededor de u$s 150 millones por el lucro cesante. Siemens esperaba recaudar al menos unos u$s 900 millones a lo largo de los próximos doce años.

El artículo 3° informa de la rescisión con Swipco y Arthur Andersen; el 4° instruye sobre cómo notificar a las empresas y el 5° es de forma.

El gobierno había anunciado el sábado último su decisión de rescindir el contrato firmado durante la presidencia de Carlos Menem con Siemens, declarando que el precio para la confección de los DNI (originalmente era de $30, para luego ser rebajado a $ 25) era «excesivo». Recordó además que la decisión fue adoptada luego de un análisis de los aspectos técnicos y económicos, donde se evaluó «la equidad e inequidad de las fórmulas contractuales, así como el costo que significa para el Estado continuar el contrato».

La propuesta de modificación de las condiciones contractuales había sido formulada por la cartera política recogiendo en gran parte las sugerencias formuladas por la SIGEN.