''EE.UU. no socorrerá especuladores''
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Según Paulson, «la caída en el sector de la vivienda continúa y la considero como el riesgo más significativo para nuestra economía. Cuanto más dure el estancamiento o la caída de los precios de las viviendas, mayor será el costo para nuestro futuro crecimiento económico».
«Los precios promedio de las viviendas apenas si subieron en un año, las ventas de casas unifamiliares han bajado casi 25% desde la cima alcanzada en 2005, y el inventario de casas a la venta ha subido a niveles que no se veían desde comienzos de la década de 1990», explicó.
La crisis del negocio inmobiliario -que empezó a notarse a fines de 2005- es consecuencia de la bonanza de los cuatro años anteriores, cuando enormes capitales de especulación se volcaron en la construcción y venta de viviendas y los precios subieron de manera acelerada.
Los bancos, las empresas y corredores de hipotecas ofrecieron préstamos a compradores, muchos de ellos con débil crédito, con tipos de interés mixtos -una tasa fija durante tres a cinco años y luego variable, con ajustes según la evolución del mercado-.
«Las cesaciones de pagos de hipotecas y las ejecuciones judiciales siguen aumentando», dijo Paulson. «Si bien la tasa de atrasos y cesaciones de pago es similar a la de 2001, hay ahora siete veces más hipotecas de alto riesgo», agregó.
Al término del segundo trimestre de este año, había más de 900.000 hipotecas de alto riesgo con atrasos de pagos de, por lo menos, 30 días. Las ejecuciones aumentaron 50% entre 2005 y 2006 y las «de alto riesgo subieron más de 200% en ese período», añadió.
«Las tendencias actuales sugieren que este año se iniciarán más de un millón de ejecuciones de hipotecas, de las cuales unas 620.000 son de alto riesgo», adelantó Paulson.
«De los casi 50 millones de hipotecas pendientes hoy en Estados Unidos, aproximadamente 10 millones son de alto riesgo, y a unos dos millones de éstas se les ajustará el interés en los próximos 18 meses», anotó.
Paulson dijo que el gobierno de George W. Bush promoverá una reglamentación más estricta de los intermediarios financieros y recomendó una simplificación de documentos, así como una mejor educación de los consumidores para que entiendan claramente los términos de los préstamos que contraen.




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