El acuerdo federal ya era incumplible

El ministro Cavallo dijo días atrás que el acuerdo federal (Ley 25.400), ahora modificado, era incumplible para el Estado nacional y que, por lo tanto, de ahora en más se distribuirán los recursos coparticipados sin la garantía de $ 1.364 millones mensuales. A los $ 50 millones girados de menos en julio se sumaron los $ 105 millones de agosto. Para setiembre ya se optó directamente por no pagar más que lo que se distribuye automáticamente vía coparticipación, adeudándose otros $ 326 millones y, en octubre, nuevamente otros $ 336 millones, que se deberían pagar estos días, pero no se pagarán.

La postura de Cavallo es criticable pero no carente de razonabilidad. El acuerdo fue firmado por Machinea al comienzo de su gestión y reformado y extendido por él mismo un año más tarde. Altera transitoriamente (entre los años 2000 y 2005) el espíritu de la coparticipación federal de impuestos, separándose del criterio de repartir lo recaudado para introducirse en otro criterio de garantizar un monto fijo, independientemente del resultado recaudatorio.

Ya se criticaba la coparticipación en su forma original porque generaba malos incentivos para las provincias, pues mientras sólo un Estado recauda, el nacional, otros 24 Estados, que no se esfuerzan por recaudar, gastan. Tras la firma del acuerdo, la situación en ese aspecto empeoró. No sólo sigue recaudando el Estado nacional en soledad, con el costo político que esto significa, sino que además debe pagar una suma fija, independientemente de qué porcentaje de lo recaudado signifique. Con ello, el gasto provincial puede seguir en aumento.

El acuerdo previó además, de manera imprudente, un aumento anual de la suma fija mensual del orden de 3%. De ese modo, si la recaudación cae, como viene sucediendo, el piso quedaba cada vez más alto para la Nación y la diferencia a pagar se hacía cada vez más grande, precisándose una recuperación espectacular de la recaudación para volver a la situación original.

En el gráfico se observa cuál es la brecha que separa lo recaudado de lo exigido por el acuerdo. En nuestras estimaciones más optimistas, recién en 2005 lo recaudado alcanzaría para cumplir con lo acordado de manera equitativa, es decir, tal cual lo exigiría la ley de coparticipación original (Ley 23.548), que aún sigue vigente. En el ínterin, el Tesoro nacional habría cedido recursos a las provincias por un total de $ 4.600 millones en su punto culminante (abril 2005), recuperándose algo hacia finales de ese año, en el cual vence el acuerdo. Al final, las provincias se habrían beneficiado con algo más de $ 4.000 millones.

Si bien el acuerdo estaba firmado y debía cumplirse, el ministro Cavallo amenazó con recurrir a la Corte Suprema para solicitar que sea revisado y, eventualmente, se volviera a la situación anterior o a alguna parecida. El argumento del ministro no carece de razonabilidad y tendría probabilidades de éxito, si no primaran cuestiones partidistas. Su esquema bien podría ser el siguiente: el sustrato del régimen de coparticipación es el reparto de los recursos que se recauden. El acuerdo es un régimen transitorio que no debe alterar el espíritu del sistema, que tiene status constitucional. Si el acuerdo se apartase demasiado del sistema de fondo, éste estaría siendo violado. El sistema de coparticipación es de mayor peso jurídico que un acuerdo transitorio y no puede ser alterado más que hasta cierto límite por aquél.