La primera señal, apenas perceptible, involucró al senador Ricardo Lizalde: de origen PJ, incorporado al FpV, al dirigente de Saladillo le imputaron coqueteos con el PRO como parte de un, luego negado, abandono de la tropa oficial para sumarse al macrismo.
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El caso Lizalde encendió las alertas y, rápido, el senador -que ocupó la vacante dejada por el radical K José Eseverri- desmintió cualquier negociación con PRO, pero no silenció sus críticas por el modo en que el gobierno manejó el conflicto rural.
Enfrentado en su territorio, Saladillo, con Walter Abarca, secretario privado de Cristina de Kirchner, Lizalde acusó al moviconero de ser el difusor de su acercamiento al macrismo. No corrigió una coma, sin embargo, su defensa de los chacareros en el pulseo con el gobierno.
Lo ocurrido con el legislador está lejos de ser una anécdota: entre los diputados, senadores e intendentes del interior bonaerense, cada vez son más profusos el malestar y las quejas por la crisis agraria, y el modo en que la ésta estalla en sus distritos.
Existe, de fondo, un pánico inconfesable: con la tregua agotada, en el interior descuentan que los ruralistas, sin poder volver a los piquetes en las rutas, encararán una política «personalizada» de escraches a jefes comunales y legisladores.
Es más: el viernes último, en una asamblea en Bolívar, en el centro de la provincia, los chacareros plantearon la táctica de llevar adelante una masiva desobediencia fiscal -no pagarían tasas municipales- en los distritos donde los intendentes no apoyan sus reclamos.
Esa tensión se registró durante los 21 días de paro y requirió la reacción de Daniel Scioli para atender a los alcaldes. Por esas horas, el gobernador aceitó a través de Alberto Pérez un operativo de « contención» para evitar deserciones y conflictos locales.
Del mismo modo, y con el mismo fin, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, programó reuniones con jefes comunales e intendentes de la Buenos Aires rural. Llegó, por caso, a controlar la disidencia del intendente de Balcarce, José Luis «Patón» Pérez.
Pérez, al final, se manifestó en defensa del «proyecto nacional» pero, sigilosamente,autorizó a sus hombres para que el Concejo Deliberante apruebe una ordenanza en respaldo a los reclamos de los productores rurales. Fue, casi, un movimiento de autoprotección.
Entre los alcaldes, en voz baja, circula una oferta para enfrentar la crisis agropecuaria: sugieren que el gobierno nacional les otorgue a los distritos participación en el control de los envíos rurales a cambio de recibir algún porcentaje de lo recaudado por retenciones.
Recursos
En definitiva, se trata de un asunto de recursos: los productores se quejan ante intendentes y legisladores de que la presión fiscal sobre el campo no repercute en beneficios para el distrito.
En ese clima, se derraman los casos de disidencia confidencial o expresa de legisladores enrolados en el kirchnerismo. Algunos casos para registrar y que, si sigue el conflicto, podrían repetirse:
Emilio Monzó, primero en la lista de diputados de la Cuarta Sección, se negó a firmar una nota legislativa en respaldo expreso a la política agropecuaria de la Casa Rosada.
Marcelo Di Pasquale, diputado por la Sexta Sección, participó de una asamblea chacarera en Dorrego donde dijo que los « legisladores no sólo debemos apoyar la protesta, sino que debemos ponernos al frente de la misma».
Néstor Auza, de Tandil, defendió el reclamo de los chacareros en un encuentro con productores de su zona. Cuando trascendieron sus dichos, los negó pero en privado admite sus palabras a favor del agro.
Alfredo Sivero, de General Alvear, también ha expresado en privado sus cuestionamientos a la política, y el modo llevado adelante por la Casa Rosada respecto de la producción agraria.
Hace dos semanas, este diario contó una reunión de bloque de diputados kirchneristas donde quedó definida la disidencia entre legisladores del interior, proclives a una salida razonable del conflicto del campo, y los del conurbano, enrolados en la línea dura, sobre todo, los que integran grupos piqueteros.
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