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Una versión insistente afirmaba ayer que no será la Legislatura porteña la primera en establecer una norma capaz de regularizar ambos negocios. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tendría ya el borrador de un decreto de necesidad y urgencia anulando el Decreto N° 494, emitido por Fernando De la Rúa el 27 de abril de 2001. Por medio de ese decreto, el ex presidente autorizó a la Lotería Nacional «la implementación de juegos de resolución inmediata por medio de máquinas electrónicas». Siempre se vinculó con este decreto al empresario Samuel Liberman (ligado al fallecido Alfredo Yabrán y vinculado por lazos de amistad y por algún escándalo a los De la Rúa), quien tendría el control de agencias hípicas y bingos de la Ciudad de Buenos Aires, asociado a Nazareno Laquanitti. Con esa medida, el anterior gobierno radical habilitaba la instalación de máquinas tragamonedas en ese tipo de establecimiento. La medida fue impugnada ante la Justicia por haber invadido la competencia de la Municipalidad de Buenos Aires. Actualmente, la Corte debe decidir sobre su regularidad, con bastantes chances para el Gobierno porteño ya que el procurador Nicolás Becerra adelantó un dictamen convalidando la jurisdicción comunal sobre los juegos de azar.
La anulación de ese decreto por el otro que prepara Fernández terminaría definitivamente con el negocio que soñó Liberman y por el cual se habría interesado en su momento el actual ministro de Defensa, José Pampuro (cuando era secretario general de la Presidencia, con Eduardo Duhalde). Abriría la puerta, en cambio, para que se «blanqueen» las máquinas tragamonedas de Casino Club, primera formación de un casino establecido en el corazón del área más rica de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, en el hipódromo de Palermo. Casino Club administra varios casinos en el interior del país. Inclusive el de Río Gallegos, ciudad en la que el empresario López se entrevistó varias veces con Néstor Kirchner. ¿Fue también este inversor en el área de los juegos de azar un cooperador de la campaña proselitista del Presidente, como afirman los opositores santacruceños de Kirchner? Nadie lo puede asegurar con certeza por más que se hable de que le habría facilitado su avión particular para moverse por el país.
Este pasaje del decreto de Fernández sería clave para que la Legislatura trate un convenio por el cual la Ciudad le reconoce a la Nación el derecho a administrar el negocio de las tragamonedas en la Ciudad a cambio de que ésta comience a percibir un canon progresivo a lo largo de un período más o menos prolongado. La sanción de este convenio es motivo de un escándalo capaz de retrotraer a la actual Legislatura porteña a la imagen del malhadado Concejo Deliberante.
El diputado Enrique Rodríguez acusó por radio «América» por la instalación de 750 máquinas tragamonedas en el hipódromo: «Hicimos todo un trabajo juntamente con el Gobierno de la Ciudad para impedir que se establecieran esas tragamonedas que son verdaderas ruletas electrónicas, en las que casi se juega como juego bancado. Y la verdad es que eso se hace sin ningún tipo de autorización de la Ciudad. Acá lo que se está haciendo es un negocio fabuloso».
El escándalo que amenaza a la Legislatura lo denunció la diputada Delia Bisutti en el recinto de ese Parlamento: dijo que en una publicación anónima «se me involucra personalmente, se me calumnia e injuria, haciéndome parte de una negociación espuria de compra y venta de votos con respecto a las relaciones del Gobierno de la Ciudad, de esta Legislatura y el gobierno nacional con el juego y la Lotería». A continuación, el mismo diputado Rodríguez consiguió que se aprobara una resolución por la cual la Legislatura decidió «repudiar las manifestaciones de un presunto medio de comunicación en el cual se dice que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires estaría vendiendo su quórum para tratar convenios que favorecerían el juego en la Ciudad de Buenos Aires».
