El Senado aprobó la creación de una comisión que investigará a cerealeras

El Senado aprobó hoy por unanimidad y giró a Diputados el proyecto que establece la creación de una comisión bicameral que se encargará de analizar las exportaciones de cereales realizadas entre noviembre y marzo últimos, ante la presunción de que se habría registrado una evasión cercana a los 1.500 millones de dólares.

El proyecto contempla la creación de una comisión integrada por seis diputados y seis senadores que trabajará durante 90 días y que "no ocupará el rol de la Justicia", según aclaró el presidente de la bancada oficialista, Miguel Pichetto.

La iniciativa votada surgió tras la unificación de varios proyectos presentados por diferentes senadores en torno al tema y se decidió que sea una comisión bicameral la encargada de llevar adelante la investigación a partir de un acuerdo alcanzado con los principales referentes de la Cámara de Diputados.

En este sentido, Pichetto adelantó que, de acuerdo a lo acordado con el oficialismo de la Cámara baja, la iniciativa será convertida en ley el próximo miércoles, cuando se reanude la actividad en ese cuerpo.

El objeto de análisis de la comisión comprende el estudio de "presuntas maniobras fraudulentas que las exportadoras habrían cometido con la presentación anticipada de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) sin haber efectuado la compra de granos y cereales", según señala el proyecto en sus considerandos.

Con esa maniobra habrían sorteado las subas en las alícuotas a las exportaciones de soja en los primeros días de noviembre pasado -del 27 al 35 por ciento-, embolsando una cifra superior a los 1.500 millones de dólares.

El plazo de 90 días estipulado en la iniciativa sólo puede ser prorrogable por la mayoría de los miembros de la comisión por un plazo similar.

Pichetto dijo que la comisión se crea porque "es necesario analizar una conducta que hace a la cuestión fiscal" y porque es "un hecho complejo en el que hay estimativamente unos 1.500 millones de dólares en discusión".

"No somos un tribunal de juicio, ni vamos a plantear responsabilidades al voleo. Vamos a trabajar con documentación y antecedentes", explicó el titular de la bancada, oficialista.

"De verificarse situaciones de irregularidad que puedan configurar una acción penal procederemos a hacer la denuncia respectiva", aclaró, e inmediatamente añadió que "la comisión no tiene facultades discrecionales" y que "el Congreso no puede sustituir el rol de la justicia".

Con breves discursos, también hicieron referencia a los beneficios de la creación de la comisión, el presidente de la bancada radical, el jujeño Gerardo Morales; el arista José Martínez, y la justicialista por San Luis, Liliana Negre.

Hace más de un mes, el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray, hizo propia la denuncia de varios sectores y ordenó revisar las retenciones aplicadas a las exportaciones de 30 millones de toneladas de granos y subproductos (aceites) exportadas por 57 empresas.

Para esto se amparó en la ley Martínez Raymonda (que establece mayores controles sobre los registros exportadores) y el decreto presidencial 764 de mayo de 2008.

Según sus primeras conclusiones, las compañías no podrían acreditar la existencia de 24 millones de toneladas al momento de la exportación, tal como declararon en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.