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Si se toma el hecho como una intervención del Estado al gravar una actividad que estaba exenta en los pliegos de concesión por lo que se privatizaron algunos servicios, las consecuencias pueden ser serias.
Así, ese proyecto de la era De la Rúa establecía que las empresas podían usar el suelo, subsuelo y espacio aéreo nacional, provincial o municipal para el cableado y que esa utilización estaba exenta de gravámenes. Ayer se eliminó esta última parte, dejando abierta la posibilidad de aumentar los ingresos de las intendencias de todo el país.
