Empleo público: contratados a efectivizar serían 16.000
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Carlos Tomada
Según el cronograma oficial, entre noviembre y febrero de 2006 se terminaría de implementar el traspaso de la mayor parte del personal hoy contratado. Si bien aún no está terminada de diseñar esta segunda parte del plan, en Trabajo afirman que ingresarán en la planta permanente contratados sin límite salarial.
Según la Secretaría de Hacienda, el fisco debería disponer en el Presupuesto 2006 de $ 200 millones. Una estimación que circuló ayer de $ 30 millones anuales, corresponde a lo que se gastará en lo que resta de 2005 y sin tener en cuenta los pagos por vacaciones y horas extra.
Los eventuales descuentos que perciban los empleados desde ahora al pasar a formar parte de la planta permanente por las liquidaciones obligatorias a las AFJP o reparto ( según el destino que elijan para sus aportes), no alteraría sus ingresos ya que hasta ahora hacían sus pagos vía la liquidación de monotributo o autónomos. Según el Ministerio de Trabajo, en ninguno de los casos el nuevo empleado en relación de dependencia podrá percibir menos ingresos que los actuales, aun sumando los aguinaldos o las horas extra. «De otra manera -aseguran las fuentes- tendríamos inmediatamente juicios contra el Estado ya que constitucionalmente el salario es intangible.» Recordaban los técnicos que trabajan con el ministro Tomada, «que tendríamos una situación similar al descuento de 13% que dispuso en su momento Cavallo (que también alcanzó a los empleados contratados) y que fue rechazado por la Corte Suprema».
El mayor costo provendrá del pago de aguinaldos, el giro de parte del salario ( aproximadamente 3%) a las obras sociales y a los sindicatos correspondientes (1% la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y la Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN). También se deberán liquidar las horas extra y las vacaciones.
El Ministerio de Trabajo aclaró además que estos empleados pasarán a tener además el beneficio de la estabilidad pública, con lo cual sólo podrán ser despedidos bajo sumario administrativo y por faltas graves.
Otra medida que figura en el decreto que ayer fue publicado en el Boletín Oficial, es que cualquier nueva contratación temporal bajo el régimen que ahora está siendo blanqueado, dependerá de la disponibilidad de fondos de cada dependencia.
Si ésta no tuviera dinero, deberá pedir autorización a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Mosse. Igualmente, en ambos casos, la autorización final tendrá que llevar la firma de la Secretaría de la Gestión Pública que depende de la Jefatura de Gabinete de Alberto Fernández.
El Decreto 707 llama además a ATE y a UPCN, que se verán beneficiados por este decreto en unos $ 2 millones anuales más por los aportes sindicales de sus nuevos afiliados.



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