El gobierno abrió ayer finalmente toda la documentación disponible sobre la investigación del caso Greco que se guarda en el Ministerio de Economía. Después de una orden judicial, los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, denunciantes del caso cuando un proyecto de Felisa Miceli intentó habilitar en el Congreso el pago de la cuestionada deuda de casi u$s 200 millones, se hicieron presentes ayer en el Ministerio de Economía para retirar los expedientes judiciales y administrativos que posee esa cartera.
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Esa documentación fue negada en varias ocasiones por Miceli, por lo que los radicales debieron apelar a la presentación de un pedido de informes de acuerdo con el procedimiento que establece la Ley de Información Pública e inclusive una acción de amparo.
No conformes con las explicaciones que dio la ministra en su momento, tampoco con las de Alberto Fernández, ahora deberán analizar miles de fojas sobre la investigación que ordenó la propia Miceli en su cartera para encontrar a los responsables legales tanto de haber reconocido la deuda a los herederos y accionistas del ex grupo intervenido durante la dictadura militar sin casi presentar defensa, como el haber intentadoesconder una orden de pago dentro de un proyecto de emisión de bonos de consolidación que el Senado rechazó en diciembre de 2006.
Pero la tarea no será fácil. Morales y Sanz deberán pasar semanas analizando esos expedientes hasta encontrar el camino que siguió el caso dentro del Ministerio.
Para eso, los senadores concurrieron ayer a la Dirección de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados del Palacio de Hacienda, donde en medio de un ambiente de camaradería, como si nunca hubiera estallado un escándalo en torno al polémico intento de pago durante el actual gobierno, recibieron las comunicaciones entre la Subsecretaría Legal del Ministerio y la Procuración del Tesoro.
También obtuvieron copia del sumario administrativo que se abrió después de la Resolución del Ministerio de Economía 997/06 y copia del expediente judicial del caso Greco, en trámite por el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 6.
Los senadores recibieron toda la información después del fallo del 2 de noviembre pasado de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Ministerio de Economía que en diez días «ponga a disposición de los demandantes los documentos» solicitados en marzo pasado.
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