Esta extraña forma de parafrasear la genial manifestación del líder mundial Bill Clinton sintetiza el meollo del “problema argento”. Nada bueno sucede si no media “confianza”, desde la consideración de una simple transacción comercial hasta los más refinados vínculos sociales. Dicho esto, que no asoma controversial, nos queda preguntarnos en forma individual o colectiva si estimamos que nos abriga un país que nos resulta “confiable”. La sola existencia de un caudal de “activos externos” en manos de argentinos que supera, según diversas estimaciones, los u$s350 mil millones, o dicho de otro modo 350 bn (billions) de esa moneda. En el mismo sentido, la evidencia del insignificante tamaño del sector financiero, en el orden del 11% del PBI, cuando el promedio de nuestros pares regionales supera el 40% de su producto bruto. Ni hablar de la mínima monetización. Si admitiéramos, no exentos de tristeza, que la Argentina como país receptor de inversiones y ahorro tanto interno como externo ha perdido relevancia mundial y regional, todo confluye a poder sincerarnos con nuestra limitada realidad que es la falta de confianza. Hablamos de confianza en términos generales, pero también en lo particular, desde las instituciones más básicas del ordenamiento social, como la Justicia y el Poder Legislativo que validan la continua ruptura de contratos y la desintegración de los acuerdos entre partes, hasta la falta de respuesta, o bien tardía, ante discrepancias entre partes contratantes desde la prestación de los servicios públicos hasta los servicios financieros, donde el Ejecutivo de turno da rienda suelta, sólo limitando su accionar a los confines de su frondosa imaginación. Sería interminable una lista de aberraciones jurídicas y contractuales habidas en la Argentina de los últimos treinta años. Sólo destacaré algunas: planes como el Bonex, la pesificación asimétrica, cepos a la compra de divisas, intervención en contratos de alquiler, reprogramaciones compulsivas, reperfilamientos y cien más.
En esta línea debo decir que la inflación no es más que otra manifestación gravosa de la desconfianza en la estabilidad de los precios, en ese saber social aprehendido a la fuerza luego de años de descontrol fiscal, monetario y financiero de los distintos gobiernos.
Ahora bien, cómo salir de este círculo vicioso que somete a cada nuevo gobierno al escrutinio riguroso y desconfiado de sus equipos de gobierno, sus planes y sus primeras medidas. Nada muy novedoso surge como respuesta, hacer lo que otros han hecho con éxito y respetando nuestra idiosincrasia y morfología social. No es otra cosa que ponernos de acuerdo en el “rumbo país”, tanto dentro del gobierno, con sus diferencias internas, como con la principal oposición ya que entre ambos suman nueve de cada diez argentinos que sufragaron. Sin un acuerdo amplio, inclusivo, realista y generoso con los más necesitados será sumamente difícil articular condiciones que generen el mínimo de confianza requerida para cambiar la historia de decadencia y empobrecimiento. En este sentido, deberíamos esforzarnos por acordar llevar al rango constitucional la necesidad del equilibrio de las cuentas públicas cuando no superávit, el respeto del derecho de propiedad de todos los actores, sean depositantes en divisas o moneda nacional, y el acotamiento de la voracidad fiscal, entre otros.
En este contexto, un acuerdo de precios y salarios surge necesario para empezar a anclar expectativas, pero no es menos importante empezar a definir los alcances del tratamiento de la deuda pública, tanto en divisas como en pesos, y empezando a establecer los parámetros mínimos para recrear el lanzamiento de nueva deuda en moneda local que permita restablecer una Tasa Libre de Riesgo que operaría como indicio fundamental para toda actividad económica local. Es primordial que el Estado Argentino supere el default interno con rapidez y así empiece con señales esenciales a la comunidad de negocios nacional e internacional. Las condiciones de un definitivo reperfilamiento de la deuda nominada en pesos no deberían ser más gravosas que las de la deuda externa en divisas, lo contrario sólo afirmaría que nada bueno tiene la legislación local por ofrecer en el presente y futuro. Una renegociación de los plazos, sin quita de capital, pero reducción de los cupones de intereses parece el límite de la negociación amigable que restablezca los flujos de financiamiento internacional voluntario en un breve plazo. Todo ello, haciendo compatibles las estructuras de cancelación de cupones con el esperable excedente de la balanza comercial que un tipo de cambio competitivo sostenido puede aportar. La sostenibilidad de un Estado con desequilibrio tendiente a cero sería financiada con nuevas emisiones de deuda local e internacional atadas al flujo de fondos emergente del otro acuerdo sustancial: el Acuerdo de Desarrollo Vaca Muerta, que deberá consignar condiciones de “offshorización” de la inversión, explotación y retornos, con libertad de disposición de utilidades que directamente se liquidarían en el exterior. Otro aporte significativo al desarrollo puede devenir de instrumentar retenciones al agro de una vez que puedan descontarse de futuros aumentos reales de la superficie implantada, de manera tal que las mayores retenciones presentes operen como crédito fiscal para mantener el fomento intertemporal de la actividad agropecuaria.
Podría abundarse en diversas iniciativas para mejorar la cuestión del desarrollo económico, pero una apretada síntesis se esboza más arriba como indicadores del necesario Shock de Confianza, imprescindible para motorizar la inversión, la producción y el empleo.
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