El gobierno consiguió ayer prorrogar por un año más la declaración de Emergencia Pública después de una maratónica sesión en la Cámara de Diputados donde toda la oposición se unificó para criticar la iniciativa.
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Ahora el gobierno mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2007 las facultades para renegociar contratos con empresas de servicios públicos privatizadas.
La UCR, el macrismo, el socialismo y los lavagnistas del bloque Justicialismo Nacional habían firmado un dictamen en disidencia argumentando que «son suficientes seis meses para renegociar los contratos con las privatizadas».
Pero además en la ley se mantiene la declaración de emergencia ocupacional, sanitaria y alimentaria y de los Planes Jefes y Jefas, al no haberse avanzado en su reconversión.
En realidad, la decisión del gobierno de avanzar con una nueva prórroga está basada en la creencia de que la declaración de la emergencia frenará juicios contra el país en el exterior por parte de bonistas que no ingresaron al canje de deuda.
Anoche los legisladores aprobaron la prórroga de la vigencia de las retenciones a las exportaciones de crudo, un impuesto que vence a fin de año.
